Revocan prisión preventiva de Joaquín Lavín León: cumplirá arresto domiciliario total
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que había confirmado prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, quien cumplirá la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Además, el exparlamentario cumplirá con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.
La decisión de la corte fue 2-1, por lo que no se cumplió con la unanimidad.
Desde la corte desatacaron que no se cuestionaron los presupuestos materiales, como la existencia de los delitos o la participación del imputado.
Sólo se pronunció sobre la necesidad de cautela argumentando que el mero transcurso del tiempo se trata de un antecedente a tener en cuenta.
En función a lo anterior, se estimó el cambio de la medida cautelar, por lo que el exparlamentario dejará la prisión preventiva y cumplirá con arresto domiciliario total.
Cabe recordar que el pasado lunes 3 de agosto, el Tribunal había rechazado el cambio de cautelares del exdiputado.
En esa oportunidad, el abogado defensor Cristóbal Bonacic, sostuvo que el fallo indica una serie de elementos que argumentan que no se justifica la prisión preventiva.
"La resolución parte indicando que la prisión preventiva no es el único medio idóneo para poder garantizar los fgines del procedimiento. La resolución no indica por qué otras medidas distintas a la prisión preventiva no cumple con esa finalidad. Finalmente, la resolución mantuvo la prisión preventiva simplemente porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública", explicó.
¿De qué se le acusa a Joaquín Lavín León?
El otrora parlamentario se encuentra privado de libertad desde el pasado 8 de mayo, cuando fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Según la Fiscalía, el imputado rindió a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones, a nombre de la imprenta MMG y la empresa Modo 74 SPA
Esas empresas son de propiedad de Juan Silva y Felipe Vásquez, respectivamente, quienes también fueron imputados por los delitos.
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