Política

Penta rebajó $1.400 millones en impuestos por su gasto en abogados en causa de boletas falsas

Agencia Uno
Por T13
El descuento se realizó el pasado 3 de agosto y desde el Servicio de Impuestos Internos aseguran que la resolución tomada se ajusta a las normas. También aclararon que sólo se aceptó en cuanto a la defensa de la empresa y no de sus controladores.

La empresa Penta fue beneficiada con una rebaja de 1.400 millones de pesos de impuestos considerados como "gasto necesario" en asesorías legales durante el juicio del denominado Caso Penta.  

El caso se comenzó a investigar en 2014, cuando se descubrió que la empresa financió ilegalmente -mediante boletas de honorarios falsas- diversas campañas políticas

Según publica el Ciper, desde el SII aceptaron rebajar el dinero que Penta gastó en el marco de asesorías legales durante el juicio y desde la organismo aseguraron que la decisión se ajusta a las normas.

Desde Penta aseguraron al medio que "inicialmente se le objetaron gastos por $2.534 millones de pesos presentados en el ejercicio 2017 (año tributario 2018), los cuales a juicio de la empresa fueron registrados correctamente en su contabilidad. Por ello, segura de la improcedencia del criterio aplicado, presentó un recurso de reposición ante el mismo SII, el cual acogió la postura de la empresa, aceptando más del 80% de los gastos presentados". 

Además agregan que "si bien la empresa considera que debieron ser aceptados el 100% de los gastos, dado que mayoritariamente se acogió su postura, optó por aceptar lo decidido por el SII y no presentar nuevos recursos".

¿Qué dice el SII?

El Servicio de Impuestos Internos explicó que tomaron en consideración "los antecedentes entregados por el contribuyente que estaban en línea con definiciones normativas adoptadas con anterioridad, por ejemplo, en lo relacionado con que los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente". 

En ese sentido afirman que "solo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa judicial del grupo empresarial y no de sus controladores".