La trama de fraude al fisco que sacude al GORE RM: Funcionaria de la Unidad de Tesorería transfirió $142 millones a proveedor ficticio
Gobernador Orrego se querella contra funcionaria por fraude al fisco.
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Este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ingresó una querella en contra de una funcionaria de su propia institución, a quien acusa de simular un proveedor ficticio y de desfalcar $142 millones de la gobernación.
Se trata de Maritza Claudia Pacheco Bartra, ingeniera en Administración de Empresas, quien se desempeñaba como analista de la Unidad de Tesorería del GORE, y que entre sus funciones estaba precisamente la inscripción de proveedores y la generación de nóminas de pago.
La acción judicial –firmada por Orrego– también apunta a Juan Pablo Vargas Miranda y a su empresa, Fibronorte SpA, que recibió los dineros pese a no tener contratos, ni negocios con la institución ni estar registrada como proveedora.
El mecanismo
Según el escrito, el 29 de enero de 2025, a las 15:30 horas, Pacheco ingresó a la empresa Fibronorte como proveedor en la plataforma de pagos de la gobernación. Para ello, registró una cuenta bancaria del Santander y un correo electrónico que después se descubriría que no existía. La sociedad había sido constituida exactamente un año antes, tenía domicilio en Antofagasta y declaraba como giro la venta de artículos de ferretería.
Ese mismo día, la analista generó un pago por $142.287.308 y la incluyó en una nómina junto a otras ocho operaciones de proveedores del Gobierno Regional, para simular el pago. Dos horas después, envió un correo a los funcionarios encargados de autorizar los pagos, Miguel Collio y Macarena Neira, con copia a su jefatura. Dos días después, el 31 de enero, el dinero llegó a la cuenta de Fibronorte.
Pero no fue lo único. “Una vez ejecutado el pago, la querellada Pacheco Bartra procedió a alterar los datos de Fibronorte SpA en el sistema de pagos del GORE, con el objeto de dificultar la trazabilidad del fraude. Dichas alteraciones consistieron en reemplazar la entidad bancaria destinataria original, Banco Santander por Banco BankBoston, así como sustituir el número de cuenta originalmente registrado”, se lee en el escrito.
Además, cambió datos como el domicilio de la empresa e inscribió la misma dirección del Gore metropolitano y eliminó el registro de la transferencia. “Lo que demuestra que los datos de la empresa fueron presentados de manera de simular una relación comercial que nunca tuvo lugar”, señalaron.
Las alertas
La advertencia surgió a través de una revisión contable realizada por el encargado de la Unidad de Contabilidad del GORE, Alfonso Vallejos Núñez, quien halló la transferencia a Fibronorte SpA.
El funcionario detectó que no había antecedentes de contratación ni documentos que justificaran el pago. Tras el hallazgo, se inició un proceso disciplinario en contra de la funcionaria –quien resultó desvinculada– y se abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
"La acción penal es consecuencia del funcionamiento de nuestros propios mecanismos de control del Gobierno de Santiago. Procedimos a presentar una querella contra los responsables. Además de que la funcionaria fue desvinculada de inmediato, se presentó una denuncia en esa oportunidad y se abrió un sumario por faltas a la probidad, el que actualmente está en curso. La querella viene a ejercer la persecución penal, luego de los peritajes y diligencias efectuadas por el Ministerio Público y la Fiscalía, que confirmaron ilícitos en el accionar de la funcionaria", señaló a Reportajes Teletrece, Israel Chamorro, jefe jurídico del GORE RM.
En su querella, el gobernador sostiene que existió un “concierto previo” con el dueño de la empresa, Juan Pablo Vargas, para dirigir los recursos públicos a su sociedad.
Respecto de Vargas, el escrito acusa que, en vez de advertir al banco o devolver los recursos, “retuvo los fondos y los hizo propios”. Hasta la presentación de la acción judicial, el dinero no había sido restituido. El documento también acusa la emisión de “facturas ideológicamente falsas” por servicios no prestados y su cesión a empresas de factoring.
Orrego solicitó, además, que la Brigada del Cibercrimen de la PDI indague los hechos y que se tome declaración a los involucrados. También pidió alzar el secreto bancario de Pacheco, Vargas y de Fibronorte.
