Lo nuevo. El excarabinero y hoy diputado electo por Valparaíso Sebastián Zamora (Ind-Rep) presentó este sábado demandas ejecutivas en contra de seis querellantes del caso Pío Nono, por el no pago de las costas del juicio en que fue absuelto de la acusación de homicidio frustrado presentada por la fiscal Ximena Chong.
- El pago de costas fue uno de los corolarios del juicio en que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo exculpó de los cargos presentados en su contra tras la arremetida policial del 2 de octubre de 2020 sobre el puente Pío Nono, que terminó con el entonces desconocido carabinero de Fuerzas Especiales impactando a un adolescente de 16 años, que cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho.
- El adolescente —quien terminó con un tec, una contusión en la base del pulmón derecho y ambas muñecas quebradas— había sido identificado por la policía como el encapuchado de gorro rojo que esa tarde había golpeado un carro lanza aguas con un palo que, según declaró, encontró tirado durante las protestas en Plaza Baquedano.
- En las acciones civiles presentadas el sábado en diferentes juzgados, Zamora acusó que, pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en enero que el Ministerio Público y los querellantes debían pagar un total de $40 millones por los gastos en que incurrió en el juicio, esto había sido incumplido por seis de las partes.
- Se trataba del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); del diputado Tomás Hirsch (Partido Acción Humanista), cuya demanda ejecutiva fue presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago por tratarse de un parlamentario; de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; del Observatorio de Derechos Humanos, del querellante particular Sebastián Rojas y del joven impactado en la arremetida policial. Cada uno fue demandado para pagar $2.142.857.
- Quiénes si pagaron su parte fueron el Ministerio Público —que debía pagar $25 millones— y la Defensoría de la Niñez.
- Las acciones fueron presentadas por el equipo de abogados encabezado por Alejandro Peña y Vinko Vodic y el abogado civil Iván Alcayaga.
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La respuesta del INDH. “Por temas administrativos hubo un retraso y se están realizando las gestiones para hacer efectiva la obligación de pago a la brevedad posible”, respondieron por escrito desde el INDH. El diputado no contestó a los mensajes de este medio.
Por qué importa. La demanda por el no pago de costas del juicio marcó el inicio de un nuevo capítulo de un caso que, pese a ocurrir un año después del 18-O, se convirtió en uno de los más emblemáticos del período del estallido social, por su rápida politización.
La politización. La actual vocera de gobierno y en esa época diputada Camila Vallejo publicó el 3 de octubre de 2020 en X que “como @Diputados_PC nos sumamos a la querella por homicidio frustrado contra (el) carabinero que lanzó al joven. Llamamos a la oposición a unirse y ejercer su mayoría para establecer las responsabilidades políticas x la brutalidad policial y las violaciones a los DDHH #fueraRozasyPérez”.
- El entonces diputado del Frente Amplio y hoy Presidente Gabriel Boric había publicado el día anterior, en la misma red social, que “esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales y quienes lo defienden cómplices. Basta de excusas. Fuera Rozas ahora”.
- En noviembre de ese año, el expresidente Sebastián Piñera pidió la renuncia al general director de Carabineros Mario Rozas (tras un operativo en el Servicio Nacional de Menores, no relacionado con el caso, que terminó con adolescentes heridos de bala).
- La policía uniformada había notificado el 22 de octubre a Zamora de su baja de la institución, por no reportar que llevaba una cámara personal durante la arremetida. Esta decisión fue revertida en septiembre de 2024, luego de que Zamora fuera absuelto en julio de ese año.
