Un exocet. Como un “exocet en la línea de flotación” del proyecto del fin al CAE, definió el diputado Miguel Mellado el dictamen de Contraloría que confirmó las discrepancias contables en la fórmula del Financiamiento para la Educación Superior (FES), mecanismo que ideó el gobierno para reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE).
- El parlamentario, miembro de la comisión de Hacienda, había hecho la consulta para que se determinara si el FES se podía contabilizar como activo financiero, como señalaba el proyecto del gobierno, o más bien era un gasto ya que no existía contraprestación.
- El ente contralor determinó que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios”. Es decir, se deben considerar gasto público y no activos.
- El dictamen, que ratifica lo advertido previamente por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), pone en un complejo escenario una de las principales promesas de campaña del gobierno de Gabriel Boric y con que buscaba cerrar su administración, como es el nuevo sistema de financiamiento universitario.
- En la mira está el rol del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), el principal impulsor del proyecto e ideólogo de la fórmula de reemplazo, y también de la directora de Dipres, Javiera Martínez (FA), quien validó las cifras financieras.
Para entender. El FES fue presentado por el Mineduc y Hacienda como el mecanismo que reemplazaría al CAE. En su diseño, la Dirección de Presupuestos lo clasificó, en su mayor parte, como una operación “bajo la línea”, es decir, fuera del balance fiscal, con el argumento de que se trataba de una inversión financiera del Estado que generaría activos recuperables en el tiempo.
- Esa clasificación implicaba que los recursos comprometidos no afectarían el déficit fiscal del año en curso, permitiendo mantener los márgenes de gasto dentro de la regla fiscal de balance estructural.
- Sin embargo, el CFA advirtió desde julio “riesgos significativos” en esa interpretación, dado que existían dudas de que el FES cumpliera las condiciones necesarias para ser considerado un activo financiero, ya que el Estado no adquiría un derecho documentado sobre un cobro futuro cierto en magnitud y plazo. Por ello, la institución recomendó consultar con los organismos técnicos pertinentes, como la Contraloría y el FMI.
- A pesar de estas advertencias, Javiera Martínez mantuvo la clasificación “bajo la línea” en el Informe Financiero del proyecto de ley, lo que permitió presentar el FES como una medida correctiva que ayudaría a compensar el incumplimiento de la meta fiscal de 2024 y que, a la larga, mejoraría la posición fiscal.
- La Contraloría finalmente zanjó la controversia al determinar que el FES debía registrarse “sobre la línea”, es decir, como gasto efectivo que incide directamente en el balance fiscal. Su dictamen confirmó que los recursos deben computarse como gasto público, a diferencia del CAE, que sí es un crédito que se puede computar bajo la línea como un activo.
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Reacción del gobierno. En Tele13 Radio, el ministro de Educación Nicolás Cataldo, señaló que el gobierno no está de acuerdo con el criterio de Contraloría por lo que presentarán un recurso de reconsideración ante ante el organismo. Acusó a la prensa de titulares “tremendistas”, ya que la Contraloría no está opinando sobre el mérito del FES.
- La vocera Camila Vallejo dijo que “lo que nosotros vamos a defender siempre es que el financiamiento de los estudiantes no esté amarrado siempre a la banca privada”. Agregó que Dipres preparará técnicamente el recurso de reconsideración fundamentando las estimaciones contables del proyecto.
- Vallejo también destacó que la propuesta del gobierno incluye la condonación parcial o total a deudores del CAE bajo ciertos requisitos.
Impacto político. El 20 de agosto la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de nuevo financiamiento que pasó al Senado, donde se inició el 7 de octubre la tramitación en la Comisión de Educación.
- Para el próximo 5 de noviembre el Congreso citó a un seminario con técnicos y expertos en educación, así como representantes de las universidades que son reacias al proyecto, para analizar la reforma legal y se estima que el dictamen de Contraloría así como las advertencias del CFA se tomarán la discusión.
- En general existe cierto acuerdo transversal de reemplazar el CAE que ha generado un carga financiera para el Estado, sin embargo las dudas que se abrieron sobre los costos del mecanismo de reemplazo y la falta de claridad en la información entregada por el gobierno han sembrado dudas sobre el futuro del proyecto.
- Los alumnos que se inscribirán con FES no pagarán nada en los primeros años, pero no existe claridad de cuánto van a pagar en el futuro. Según el proyecto las personas beneficiarias comenzarán a pagar solo si superan un umbral de ingresos (aproximadamente $500.000 mensuales), y el pago será proporcional a su sueldo, con un tope del 7% u 8% según el tramo.
- De mantenerse el dictamen de Contraloría, el gobierno se verá obligado a negociar con la oposición para rehacer el proyecto.
