Lo nuevo. El 19 de abril, un grupo de gendarmes hizo una presentación a la Contraloría pidiendo al organismo fiscalizador emitir un pronunciamiento jurídico por lo que consideraron era un vacío legal en la reforma constitucional que traspasó esa institución desde la cartera de Justicia al Ministerio de Seguridad.
- La reforma —tramitada en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y publicada en el diario oficial el 16 de abril— dejó a la institución a cargo del resguardo de los presos como parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, separándola de la reinserción, que quedó en el Ministerio de Justicia.
- “Gendarmería de Chile queda formalmente en el lugar que le corresponde, junto a las demás instituciones que velan por la seguridad de los chilenos”, dijo el Presidente José Antonio Kast, al promulgar la norma.
- Ésta también incorporó la disolución de las asociaciones gremiales y, por tanto, el fuero con el que contaban sus dirigentes.
- Tras la publicación en el diario oficial, un grupo de gendarmes —que en el escrito a Contraloría pidió “la estricta reserva de sus identidades”, argumentando que sus “derechos pueden verse directamente afectados”— advirtió de un vacío que, a su juicio, impediría sancionar, por ejemplo, a funcionarios corruptos.
- Por este motivo pidieron a Contraloría emitir un pronunciamiento jurídico sobre esta eventual falencia.
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La presentación. “Al elevar a rango constitucional a Gendarmería de Chile e integrarla como parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, nos encontramos ante la problemática que supone el ejercicio de las facultades disciplinarias de esta institución, ello por la inviabilidad de mantener el Estatuto Administrativo (D.F.L. N.º 29), como norma que regule esta materia para el personal de las tres plantas que conforman Gendarmería”, dijo el escrito.
- “Ante la ausencia de una Ley Orgánica Constitucional vigente al momento de integrar a Gendarmería de Chile como Fuerza de Orden y Seguridad, la ley orgánica actual no cumple con los fines que el constituyente fijó para regular tanto su estructura como funcionamiento”.
- “De esta forma, todos los aspectos vinculados al ejercicio de las facultades disciplinarias, por el sólo efecto de la entrada en vigencia de la ley N.º21.810, se encontrarían excluidos de todo control y ejecución posible, toda vez que, conforme lo indican el D.F.L. N.º 29 y la Ley N.º 18.575, en los artículos previamente citados, establecen expresamente y sin espacio a otras interpretaciones, que Gendarmería de Chile no podría aplicar medidas disciplinarias conforme lo venía ejecutando hasta la fecha, bajo el D.F.L. N.º 29, por ser ahora una Fuerza de Orden y Seguridad”.
- “De esta forma es que estamos en presencia de una antinomia (contradicción) jurídica entre dos o más normas que pertenecen a un mismo sistema legal y que regulan un idéntico supuesto de hecho de manera opuesta, esto es, respecto de cómo se ejercen las facultades disciplinarias al personal penitenciario, pues, cumplir con una (en este caso el D.F.L. N.º 1.791, artículo 7º), violaría lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N.º 18.575”.
La respuesta institucional. Gendarmería respondió por escrito que “el proceso de implementación de la reforma contempla una transición normativa cuidadosamente estructurada. Durante este periodo, se mantienen vigentes las disposiciones actuales hasta que se promulgue una Ley Orgánica Constitucional, garantizando así la estabilidad jurídica y administrativa necesaria para el funcionamiento institucional”.
- “Este enfoque prevé un periodo de ajuste tanto en el ámbito institucional como normativo. El objetivo principal es asegurar una transición ordenada, permitiendo que Gendarmería de Chile adapte sus estructuras internas y procedimientos al nuevo marco legal”.
Trasfondo. Los focos de corrupción en Gendarmería han generado preocupación en las autoridades por ir de la mano de la instalación del crimen organizado en el país.
- En diciembre, allanamientos en siete recintos penitenciarios mostraron el pago de $60 mil a gendarmes por ingresar visitas a los penales saltándose los controles y el cobro de entre $350 mil y $400 mil por contrabandear celulares, entre otros actos de corrupción.
