Lo nuevo. El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) defenderá al exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) frente a la Acusación Constitucional que presentó este lunes el Partido Nacional Libertario con apoyo del Partido Republicano, a partir de la denuncia realizada por el titular de Hacienda Jorge Quiroz por supuestas inconsistencias en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).
- A Grau se lo acusa de haber presentado un informe con proyecciones inconsistentes e incompletas, subestimando el déficit, omitiendo compromisos de gasto y con una contradicción aritmética entre las cifras de balance y deuda.
- La situación ha generado una honda preocupación en parte de la oposición, ya que el aprobar el libelo supone cuestionar no solo a Grau, sino también apuntar a su antecesor, Mario Marcel, y al manejo económico de la administración Boric.
Líneas comunicacionales. Zapata dice tener una “subespecialidad” en esta materia: ha asistido como experto a al menos 10 comisiones revisoras de acusaciones constitucionales y participó personalmente en el equipo de defensa de Yasna Provoste, en la acusación de 2008 cuando era ministra de Educación; y en la de la exministra de Salud Carmen Castillo en 2015. El libelo a Provoste fue aprobado en el Congreso.
- Zapata, un abogado DC con redes transversales, señala a Ex-Ante que ha mantenido una misma línea frente a este instrumento, cuestionando que el Congreso abusa de las acusaciones constitucionales, pese a ser instancia ultima ratio. Por ello se opuso en su momento públicamente a las acusaciones de la izquierda contra los ex ministros Emilio Santelices, Marcela Cubillos y Harald Beyer
- Según sostiene de las últimas 18 acusaciones contra ministros de los gobiernos de Gabriel Boric y Sebastián Piñera, hay varias discutibles en su mérito que “revelan una politización más que un genuino interés por evitar abusos”.
- Esa será una de sus líneas comunicacionales en la defensa de Grau. Repetir que las legítimas discrepancias en materia económica e incluso los errores que se puedan haber cometido en las estimaciones o supuestos fiscales, no constituyen infracciones constitucionales.
- En este sentido destaca las cartas públicas que firmaron de apoyo a Grau y contra la procedencia de la acusación, los exministros de Hacienda de la oposición y otra de un grupo de 50 economistas donde figuran Harald Beyer, Roberto Zahler, y David Bravo en que sostienen que “el Ministerio de Hacienda es el pilar de la conducción económica. Convertir sus proyecciones técnicas en objeto de acusación constitucional debilita ese rol para el futuro”.
Estrategia de defensa. Zapata ha tenido varias conversaciones de coordinación con Grau y uno de los acuerdos fue no dilatar la tramitación de la acusación. Por ello conversará con el presidente de la comisión revisora para presentar el escrito de defensa cuanto antes y una lista de invitados, en particular técnicos expertos en presupuesto.
- Esta mañana se sorteó a los miembros de la comisión revisora, que estará integrada por Carlos Bianchi (ind-PPD), Marcela Hernando (Radical), Alejandro Bernales (Liberal), Luis Fernando Sánchez (Republicano), y Joanna Pérez (Ind-Demócratas).
- Ya que se trata de un tema técnico complejo, la defensa apoyará su escrito en declaraciones de economistas de gobiernos derecha como el exministro Hacienda Ignacio Briones o el exdirector de Dipres, Matías Acevedo. Incluso sostiene que les juegan a favor la posición moderada que ha mantenido el actual director de Dipres, José Pablo Gómez, sobre los cuestionamientos a Grau.
- “La acusación no logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal, no es una ilegalidad no coincidir con el FMI, no es ilegal no coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo, no es ilegal que tu informe de política fiscal sea distinto al informe del gobierno que viene después. Lo que hace el texto es denunciar infracción a la ley de bases del presupuesto ¿pero dónde está la infracción? La Ley de presupuesto es una norma legal que estima ciertos ingresos, pero siempre se ha entendido que es una estimación, porque no se sabe lo que va a pasar en el contexto internacional”, señaló Zapata a T13 Radio.
- Zapata sostiene que se está generando un parlamentarismo de facto porque en discusiones técnicas complejas, instalan frases como que Grau “maquilló” las finanzas públicas, sin sustentarlo. Lo que además, dice, daña la credibilidad de Chile a nivel internacional.
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Díscolos en el oficialismo. El lunes, desde Antofagasta, el Presidente Kast señaló que la facultad de los diputados de ingresar acusaciones constitucionales es algo “legítimo”.
- En La Moneda, inicialmente, la idea de presentar el libelo contra Grau generaba resistencias, por la posibilidad de que influyera en la tramitación del Plan Quiroz en el Senado, enredando la discusión con la oposición.
- Sin embargo, en Palacio están conscientes de que, con o sin acusación, los parlamentarios desde la DC al PC -salvo excepciones, como el senador Pedro Araya (PPD)- han adelantado que votarán en contra de la idea de legislar en esa iniciativa.
- Fuentes del oficialismo señalan que el asunto se abordó este lunes en el comité político ampliado. En la instancia, se hizo un llamado a que el sector actúe en forma unitaria de modo no sólo de lograr los votos necesarios, sino de evitar mostrar debilidad y división en el bloque y sentar un precedente para futuras votaciones.
- La estrategia de la defensa de Grau apuntará a convencer a los parlamentarios “díscolos” de Chile Vamos que se han mostrado más dudosos con la pertinencia y sustento de la acusación.
Quién es. En 1987, siendo estudiante de Derecho en la Universidad Católica, Zapata derrotó a Kast -su compañero de curso durante los cinco años de carrera- en la elección de la FEUC.
- Militante DC, se formó en la UC y tiene un máster en Harvard. Tras titularse, trabajó en la Segpres durante los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. Desde 1995 es profesor de Derecho Constitucional en la UC. Ha sido decano de las facultades de Derecho de la Universidad Andrés Bello y de Las Américas. La ex presidenta Bachelet lo designó en 2015 para presidir el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente.
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