Lo nuevo. El fenómeno revela una nueva tensión en la permisología, ya que los proyectos que logran ser destrabados en el Comité de Ministros vuelven a entrar en una zona de incertidumbre al ser judicializados ante los tribunales ambientales.
- Diversos expertos apuntan que la situación está convirtiéndose en una problemática creciente en los plazos de la puesta en marcha de las iniciativas.
- Entre enero y julio de 2026, los tribunales ambientales admitieron 32 nuevas reclamaciones, las que están relacionadas a 29 proyectos de inversión, según un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La cifra de reclamaciones se convirtió en la máxima histórica desde que estos organismos entraron en funcionamiento.
- De las 29 iniciativas que entraron a judicialización en este período, 11 ya habían sido destrabadas por el Comité de Ministros.
- En total, los tribunales ambientales acumulan 67 causas en tramitación vinculadas a 59 proyectos de inversión, los cuales representan US$10.665 millones.
- A continuación, cuatros casos que retratan el fenómeno:
Maratué. Uno de los principales proyectos que se encuentran en etapa de judicialización en el Segundo Tribunal Ambiental es el llamado “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”, que contempla la construcción de 14 mil viviendas en un plazo de 45 años, con un 70% destinado a primera vivienda y un 50% del terreno reservado a áreas verdes.
- La iniciativa, que contempla una inversión de US$2.000 millones, fue ingresada a evaluación ambiental en septiembre de 2017 y recibió su aprobación ambiental en julio de 2019.
- Pero, producto de dos recursos de reclamación, la iniciativa se retrotrajo al trámite ambiental en marzo de 2022. Y fue destrabada por el Comité de Ministros en abril de 2026.
- A mediados de junio, el abogado Ricardo Frez, que representa a 24 vecinos de la zona donde se emplazará la iniciativa, presentó una reclamación contra la decisión adoptada por el Comité de Ministros en mayo de 2026. Debido a que la instancia rechazó el reclamo de la comunidad.
- Frez es el coordinador ejecutivo de la ONG Defensa Ambiental, la cual se ha opuesto a inversiones como la de tierras raras de Penco.
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Caserones. En abril de 2026, la comunidad indígena colla Tata Inti presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para revertir la aprobación ambiental de la inversión denominada “Adecuación Operacional Faena Minera Caserones”, que es impulsada por Minera Lumina Copper, compañía con capitales canadienses y japoneses.
- El pueblo indígena es representado por el abogado Alex Quevedo, el cual es el “histórico socio” de Lorenzo Soto, quien es reconocido por frenar proyectos de inversión como Collahuasi o Pascua Lama.
- En la reclamación ligada a la Minera Caserones, Quevedo pide al tribunal que anule la decisión que tomó el Comité de Ministros en abril de 2026. Cuando rechazó el reclamo presentado por las comunidades.
- El abogado también pide que se deje sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto en julio de 2025. Es decir, busca que la iniciativa deba volver a evaluarse desde cero.
- La iniciativa, que ingresó a tramitación ambiental en junio de 2020, cuenta con una inversión estimada de US$ 185 millones.
- Tiene como objetivo regularizar una serie de obras realizadas en la mina por la compañía que no estaban contempladas en su permiso ambiental original otorgado en enero de 2010.
Parque eólico. A mediados de abril de 2026, el Comité de Ministros decidió rechazar las reclamaciones contra el proyecto denominado “Parque Eólico Los Coihues”, destrabando así la iniciativa, la cual fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2025.
- La iniciativa se encuentra judicializada en el Tercer Tribunal Ambiental desde junio de 2026. Los reclamantes piden que se anule la aprobación ambiental del proyecto, o que éste vuelva a una etapa anterior para que la empresa corrija algunas observaciones ciudadanas.
- Los reclamantes son dos vecinos de la zona de la región de Ñuble, donde busca emplazarse el proyecto. Son representados por el abogado Sebastián Galo Zambrano Cardenas.
- El proyecto, que ingresó a tramitación ambiental en enero de 2024, busca construir un parque eólico con 47 aerogeneradores por US$470 millones.
Embalse Zapallar. El proyecto denominado “Embalse Zapallar” recibió en abril de 2026 una reclamación del abogado Francisco Astorga, quien es parte también de la ONG Defensa Ambiental, contra la ratificación a la iniciativa por parte del Comité de Ministros del expresidente Gabriel Boric a inicios de marzo de 2026.
- La inversión ingresó a tramitación ambiental en septiembre de 2020.
- Astorga, quien representa a una veintena de vecinos de la zona, solicitó al tribunal ambiental dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros y la aprobación ambiental del proyecto. El abogado pide que la iniciativa vuelva a la etapa de evaluación ambiental para que el titular revise las observaciones ciudadanas sobre flora, fauna y el impacto en las comunidades.
- El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, cuenta con una inversión estimada de US$212 millones y la licitación para su construcción fue adjudicada a la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE).
- La infraestructura, ubicada en la Región de Ñuble, busca asegurar riego para cerca de 10 mil hectáreas y beneficiar a más de 2 mil agricultores, principalmente pequeños productores.
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