Lo nuevo. La Acusación Constitucional (AC) presentada contra el ministro de Justicia Fernando Rabat incluyó 27 menciones al exsubsecretario Luis Silva (Rep.), a quien la oposición asignó un importante protagonismo en el texto presentado para destituir al secretario de Estado, en medio de la crisis por las 56 rebajas de penas otorgadas en su gestión a condenados por delitos sexuales en contra de niños y adolescentes.

  • El escrito mencionó los decretos que firmó como ministro subrogante; una publicación académica suya de 2017 sobre las AC y los argumentos que proporcionó en el polémico video que subió a fines de octubre en redes sociales para explicar por qué él aparece firmando parte de los cuestionados beneficios carcelarios.
  • Entonces, Silva sostuvo que aquello ocurrió solo cuando subrogó a Rabat, aplicando un criterio jurídico que ya estaba definido. Sus dichos fueron considerados una deslealtad en La Moneda hacia el ministro, lo que le terminó costando el cargo.

El criterio Rabat. El escrito opositor mencionó que, a pesar de que inicialmente el Ministerio de Justicia peleó judicialmente para no rebajar las penas a los agresores sexuales de menores, en junio la cartera cambió ese criterio. Esto, apoyado en que la mayoría de las veces la Corte Suprema acogía los recursos de amparo presentados por los condenados con buen comportamiento a quienes se denegaba el beneficio.

  • “(El 16 de junio) el ministerio dictó el primer decreto conocido que concedió la reducción a uno de esos condenados sin orden judicial, y respecto de él, el subsecretario de Justicia Luis Silva señaló que mantenía el criterio del ministro Rabat”, dijo el texto. “Entre junio y octubre de 2026, se dictaron, a lo menos, los 22 decretos (…) respecto de los que no se conocen sentencias firmes que los ordenen”.
  • En otro punto del escrito reiteraron que “el primer (beneficio no forzado) conocido es el decreto exento Nº 1786 de 16 de junio de 2026, firmado por el subsecretario de Justicia como ministro subrogante”.
  • “El entonces subsecretario de Justicia Luis Silva declaró que, cuando firma como ministro subrogante, ‘lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro’, y que ‘eso fue lo que hice’”.
  • La oposición pidió invitar a Silva a comparecer ante la comisión que presentara la AC, a lo que el ex subsecretario no está obligado, por tratarse de una exautoridad.
  • “Solicitamos a la H. Cámara que la comisión encargada de informar la acusación (…) cite o invite a las siguientes personas: Al exsubsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrázaval, quien firmó decretos como ministro subrogante y el Oficio Nº 3110, de 13 de mayo de 2026”, dijo el documento.

El artículo académico. La acusación también incluyó el trabajo académico del hoy exsubsecretario.

  • “Como ha señalado el profesor y exsubsecretario Luis Silva: ‘La acusación constitucional es un mecanismo de resguardo de la supremacía constitucional porque, a través suyo, el Congreso vela por el cumplimiento de ciertos estándares constitucionales por parte de algunos importantes actores de la organización estatal”, señala el texto.
  • La cita corresponde a un artículo académico publicado en 2017 por Silva, titulado “Acusación constitucional y garantía política de la supremacía constitucional”.

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Panorama general. El texto de 189 páginas —al que se sumaron 3.863 páginas de anexos, repartidas entre artículos de prensa, fallos judiciales y normas legales, arrojando un total de 4.052— se dividió en los tres capítulos que habían trascendido previo a que fuera ingresada el jueves.

  • En el primero acusaron a Rabat de transgredir, en al menos 22 casos, el artículo 17 que establece los límites a la rebaja de penas de la ley 19.856 promulgada en 2003 por el expresidente Ricardo Lagos.
  • También, de faltar a las reglas de interpretación de la ley con que el expresidente Sebastián Piñera excluyó en 2022 de este beneficio a los agresores sexuales de menores de 18 años.
  • Esto, además de emitir decretos de rebajas ignorando el interés superior del niño consagrado en acuerdos internacionales.
  • El segundo capítulo lo acusó de incumplir el estatuto de Roma al reducir la pena de tres condenados violaciones a los derechos humanos en dictadura.
  • El tercer capítulo reprochó a Rabat sus dichos luego de que el caso se destapara el mes pasado. “Al explicarlos ante el H. Congreso y la opinión pública, faltó a la verdad, entregó información incompleta y ocultó información relevante”, dijo la AC.

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