Por qué importa. La resolución del juez Mario Cayul dejando sin efecto la decisión de su par Daniel Urrutia de declarar inadmisible la querella presentada por la Municipalidad de Santiago por la elaboración de molotov en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), marcó una derrota para el controvertido magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- También detuvo un sensible criterio jurídico que buscaba bloquear que el municipio pudiera hacerse parte de las causas de violencia en establecimientos educacionales municipales, en los que sólo podrían tener parte la fiscalía y víctimas directas.
Molotov en el INBA. La controversia se remonta al 16 de junio, cuando la municipalidad encabezada por el alcalde Mario Desbordes (RN) presentó una querella contra todos quienes resultaran responsables de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones por los hechos de violencia ocurridos el 13 de este mes.
- De acuerdo con la acción penal interpuesta por el director jurídico Jorge Álvarez, a las 10 am la inspectora recibió información de que un grupo de 40 estudiantes que se había encerrado en un baño del segundo piso, bajó al primero y amenazó a otros jóvenes con cuchillos.
- “El objetivo del grupo era salir por el acceso norte del INBA, en calle San Pablo. Para ello ingresaron a un túnel que conduce al patio ‘Siberia’, donde se agruparon alrededor de mesas de tenis de mesa para iniciar el armado de bombas molotov. De forma simultánea, otro grupo más pequeño usaba herramientas para intentar romper los candados del portón”.
- Tras lograrlo, unos 30 “levantaron una barricada utilizando tarros de basura” e “interceptaron un bus del sistema Red, recorrido J03”.
- Después de hacer bajar a su conductor y pasajeros, “atacaron el bus lanzando bombas molotov, lo que provocó su incendio y destrucción”.
- “Posteriormente, el grupo reingresó al colegio. En ese momento, el rector del establecimiento, don Gonzalo Saavedra, se encontró frente a ellos en el pasillo que une el ‘patio palmeras’ con el ‘patio Siberia’. El rector fue insultado verbalmente y luego atacado por el grupo, que le lanzó piedras y bombas molotov. Los artefactos se rompieron contra el piso y las paredes, salpicando la ropa del rector con bencina, quien afortunadamente resultó ileso”.
- “Un estudiante de cuarto año medio resultó con lesiones”.
La resolución de Urrutia. El 17 de junio, el juez Urrutia declaró inadmisible la querella, argumentando que “la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades no faculta a dichas corporaciones autónomas de derecho público para deducir querellas por delitos comunes”, por lo que consideró que carecían de legitimación activa.
- “Se trata de delitos comunes para los cuales existe un órgano autónomo constitucional encargado de la persecución de aquellos, como lo es el Ministerio Público”, dijo.
La reposición. El municipio presentó un recurso de reposición calificando la interpretación de Urrutia de “errónea, formalista y descontextualizada”, ya que “la legitimación para querellarse se vincula directamente con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
- El recurso fue resuelto este martes por el juez Mario Cayul, ya que Urrutia estaba realizando una comisión de servicio en la academia judicial.
- Paralelamente, el municipio presentó una recusación contra Urrutia en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que el juez sí había acogido querellas similares de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) y citando una serie de tuits de Urrutia para probar su animadversión hacia el edil. La acción sigue sin resolverse.
- “Compartiendo los argumentos planteados en su reposición, en particular lo expuesto sobre legitimación activa que, ciertamente, se vincula directamente con el derecho a la acción y a la tutela judicial efectiva, se acoge la reposición, dejando sin efecto la resolución recurrida de fecha 17 de junio”, resolvió Cayul.
El controvertido juez. Urrutia ha protagonizado una serie de polémicas en los últimos años. Una se remonta a marzo del año pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó las autorizaciones de videollamadas a internos de alta peligrosidad que había otorgado Urrutia tras visitar en enero el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).
