Lo nuevo. El ministro de Justicia Fernando Rabat (Ind.) explora una vía constitucional y otra administrativa para retrotraer el otorgamiento de los 56 decretos de rebajas de penas a agresores sexuales de niños y adolescentes que abrieron una crisis para el gobierno.
- La primera es el respaldo de un artículo transitorio contemplado en el proyecto de reforma constitucional enviado por diputados de Renovación Nacional (RN) para enfrentar la crisis, el que dejaría sin efecto las 56 reducciones de penas a condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años otorgadas por la cartera. La segunda, dictar decretos exentos que revoquen las 56 rebajas de condenas.
- Ambas posibilidades forman parte del control de daños iniciado por el gobierno y las dos exponen flancos que podrían dejarlas sin efecto. Los beneficios a los agresores sexuales son rechazados por el 92%, de acuerdo a una encuesta de Cadem.
La vía constitucional. En el programa Estado Nacional del domingo, Rabat planteó que “hay un camino que se ha planteado ya en una moción parlamentaria, entre otros de la diputada (Ximena) Ossandón, que hace una modificación en el artículo 19 número 3 donde se regula la libertad personal, e incorpora una norma transitoria a la Constitución en donde deja sin efecto estas resoluciones de pleno derecho”.
- “Los beneficios que hubieren sido concedidos por resolución administrativa a condenados por delitos sexuales dentro de los seis meses anteriores a la publicación de esta reforma quedarán sin efecto de pleno derecho”, dijo la norma transitoria firmada también por los diputados Francisco Orrego y Diego Schalper, entre otros.
- La amenaza de esta iniciativa es la eventual inconstitucionalidad de aplicar retroactivamente la norma, dicen conocedores del caso, a la que se suma la del eventual derecho adquirido de quiénes ya recibieron el beneficio. Esto podría derivar en presentaciones al Tribunal Constitucional (TC) o a tribunales.
La vía de las revocaciones. “Existe otra opción, por la vía administrativa, que nosotros estamos estudiando y ampliando y es revocar al acto administrativo”, dijo Rabat en el mismo programa.
- Se trata de una fórmula aplicada en los casos de las 418 pensiones de gracia a afectados del 18-O (270 durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y 148 en la administración del expresidente Sebastián Piñera).
- La existencia de falsas víctimas y casos cuestionados entre docenas de verdaderos dio paso a que el expresidente Boric revocara en 2024 una veintena de estos beneficios, a los que sumó otras 33 revocaciones antes de dejar La Moneda el 11 de marzo.
- La amenaza de esta medida era que los afectados recurrieran a tribunales por considerar que se les quitaba un derecho adquirido. Este riesgo, advertido por el gobierno pasado, no se concretó en las revocaciones de las pensiones de gracia.
- Una situación distinta podría ocurrir con los condenados por delitos sexuales, ya que los traspiés que enfrentó el actual gobierno con las rebajas de pena derivaron precisamente de la tendencia de los sentenciados a presentar recursos de amparo en las cortes de apelaciones del país e incluso llegar a la Corte Suprema.
Telón de fondo. El Presidente Kast dijo este lunes que Rabat continuará en su cargo y que “la solución no era dejar que esto siguiera pasando. Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos, y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”.
- Para Rabat, la dificultad de cumplir el encargo tiene un costo doble. El primero es político: Kast abordó públicamente la tarea, lo que convierte cada semana sin resultados en un recordatorio de la falla original y en una medida de su utilidad para el gobierno.
- El segundo es estructural: las herramientas para revertir rebajas de penas ya concedidas no están en el Ministerio de Justicia.
- El ministro queda así en la posición más incómoda posible: responsable del problema, responsable de la solución y sin capacidad total de ejecutarla, con una ventana para demostrar resultados que se cierra a medida que la oposición presiona a La Moneda.
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Panorama general. La semana pasada Rabat explicó que, si bien inicialmente rehusaron otorgar las reducciones solicitadas por los condenados por buena conducta, en mayo cambiaron de criterio, tras enfrentar sucesivos reveses en la Corte Suprema.
- Rabat indicó inicialmente que había adoptado la determinación dado que la Corte Suprema había fijado un criterio uniforme para rebajar la pena a quienes hubieran sido sentenciados antes de que se publicara la ley 21.421.
- Luego de la publicación de resoluciones que contradijeron su versión —las que mostraron que ya el 24 de febrero de este año el máximo tribunal había fallado en algunas ocasiones en contra de estas reducciones—, retrocedió en sus dichos y anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de penas.
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