Por qué importa. La negativa del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano a entregar copia del coaching cuestionado por Contraloría por contener sesiones sobre la postulación a la reelección del gobernador Claudio Orrego (ex DC), impidió verificar la versión de la autoridad de que se trataban de informes de planificación de equipos y no de campaña política.

  • Esta negativa a una solicitud realizada por ley de transparencia se comunicó este lunes, antes de que la oposición presente un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para remover a Orrego del cargo, con por lo menos el apoyo de Republicanos y la UDI.
  • La denegación de acceso a la información fue citando el artículo de la ley que menciona la reserva de contenidos que son parte de una indagación penal o que pueden afectar una defensa. Esta respuesta fue apelada este martes ante el Consejo para la Transparencia.
  • El cuestionamiento a la asesoría “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024” se remonta al informe final número 873 del 3 de junio, en que Contraloría planteó reparos al traspaso de $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A. por parte del Gore, en 2024.
  • Los resultados consignaron que, en 16 sesiones de coaching, de 28 donde hubo registro, se “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección”.
  • De otras 24 sesiones, el Gore no entregó las minutas a Contraloría, advirtió el organismo.
  • Por el caso se abrió una investigación penal, en que el gobernador declaró como imputado.

Qué dijo Orrego de Contraloría. “Cuando se extrae un párrafo de una conversación de dos horas, se puede perder el sentido del trabajo real que se está realizando. Los mismos informes muestran que el enfoque es de gestión interna, planificación y desarrollo de equipos, no de campaña ni propaganda”, dijo el 5 de junio, consignó el sitio del Gore.

  • “Aquí no ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña”.
  • Orrego reiteró posteriormente estos dichos y calificó de aprovechamiento político el anuncio de recurrir al Tricel para removerlo.

La negativa a la solicitud. A través de la resolución exenta 1292, de fecha 18 pero enviada este lunes, el administrador Manuel Gallardo rehusó entregar la copia del coaching cuestionado por Contraloría. “Se responde por orden del gobernador”, dijo el documento.

  • “Deniégase la entrega de cualquier información relacionada al ‘Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024’, por configurarse la causal de reserva consagrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia”, dijo el documento.
  • Esa letra del artículo establece que se podrá denegar la entrega de documentos si su divulgación actúa “en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”.

Doblemente imputado. El caso del coaching dejó a Orrego como imputado en dos causas, ya que también declaró en esa calidad en el caso ProCultura, en que además se levantó su secreto bancario y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda detectó grandes retiros en efectivo, lo que Orrego ha negado.

  • Este caso se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional aprobó la propuesta del gobernador de nombrar al cofundador de ProCultura, Alberto Larraín, director de la corporación de desarrollo presidida por el mismo Orrego.
  • Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para prevenir suicidios, Quédate.
  • En ninguna de las dos causas la fiscalía ha formalizado cargos contra Orrego.

El otro nexo con ProCultura. El Gore sí entregó este lunes copia de la resolución exenta 1084 que mostró un nexo adicional entre el Gore y el caso ProCultura.

  • Esto, ya que el 18 de junio de 2024 —un mes después de que Orrego se querellara en el caso ProCultura, lo que lo dejó como imputado y querellante— el Gore autorizó el traspaso de $16,6 millones a la consultora Pablo Martínez Castro E.I.R.L., que había iniciado actividades el mes anterior.
  • El proveedor era un ex sociólogo de ProCultura que trabajó en el programa Quédate del Gore, hoy investigado. Martínez declaró como imputado y hoy es testigo en la causa.

Lea la respuesta del Gore:

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