“La solicitud de renuncia no voluntaria a la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, ha sido presentada por algunos sectores como un conflicto de carácter humano.
Sin embargo, el foco de esta decisión no es personal ni de salud, sino estrictamente institucional. Se trata de un cargo de Alta Dirección Pública (ADP), cuya permanencia depende de la confianza de la autoridad política y de la capacidad de garantizar una gestión eficiente, coordinada y alineada con los objetivos del Ministerio.
En este caso, dicha confianza se vio comprometida por antecedentes objetivos y fundados que dan cuenta de deficiencias graves en la conducción del Servicio. En el marco de una auditoría y del proceso de levantamiento de información institucional, se detectaron inconsistencias reiteradas en la entrega de antecedentes, problemas de trazabilidad, retrasos, falta de integridad en la información y desalineación con las instrucciones ministeriales.
Estas situaciones no son menores: afectan directamente la capacidad del Ministerio para ejercer su rol de supervigilancia y tomar decisiones oportunas. A esto se suma un elemento crítico: la situación de la Fundación PRODEMU, cuya gravedad financiera y operativa —según auditoría interna— responde a una acumulación sostenida de deficiencias de gestión, con conocimiento de las autoridades responsables, incluyendo el SernamEG.
El informe es categórico: existe un deterioro estructural, con un déficit proyectado superior a $1.500 millones y pasivos que superan los $8.500 millones, además de irregularidades administrativas, falta de control interno y riesgo real de paralización operativa.
En este contexto, mantener la actual dirección implicaba sostener un escenario de riesgo institucional alto: debilitamiento del control interno, pérdida de confiabilidad de la información y exposición a riesgos financieros, operacionales y reputacionales.
Por lo tanto, la decisión adoptada por la Ministra responde a una obligación: garantizar la continuidad del servicio, resguardar el correcto uso de recursos públicos y asegurar que miles de mujeres sigan recibiendo atención oportuna y eficaz.
Las condiciones personales de salud, siendo completamente respetables, pertenecen al ámbito privado y no forman parte de los criterios de evaluación de desempeño ni de continuidad en un cargo de esta naturaleza.
BAJADAS
- “Esta no es una decisión personal ni de salud: es una decisión de gestión para proteger el funcionamiento del Estado. Los cargos de Alta Dirección Pública exigen confianza y resultados. Cuando eso se pierde, la autoridad tiene el deber de actuar. La propia ex Directora ejerció esta atribución hace dos años, cuando a los dos días de ser escogida por ADP. removió a la Directora Regional de Los Ríos, Isabel Amor”.
- “Aquí no se está evaluando una condición de salud, sino una gestión que presentó deficiencias graves y riesgos institucionales. El Estado no puede operar con información incompleta, inconsistente o desalineada. Eso afecta directamente a las personas que dependen del servicio”.
- “No hay que intentar contrarrestar empatía con falta de exigencia. La responsabilidad pública requiere compromiso y acción. Garantizar la continuidad del servicio para miles de mujeres es la prioridad del Ministerio y del servicio. Eso exige decisiones firmes, aunque sean difíciles”.
MENSAJES CLAVE
- Esto es una decisión institucional, no personal. La salida responde a una evaluación de gestión en un cargo de Alta Dirección Pública, no a consideraciones personales ni de salud.
- Los cargos ADP son de confianza y resultados. La permanencia en estos cargos exige alineamiento, cumplimiento de estándares y capacidad de ejecución. Cuando eso falla, corresponde actuar.
- La prioridad es la continuidad del servicio. La decisión busca asegurar que miles de mujeres sigan recibiendo atención sin interrupciones.
- La salud es un ámbito privado y no es criterio de evaluación. Las condiciones personales son respetables, pero no forman parte de la evaluación de desempeño en un cargo público de esta naturaleza”.
