Lo nuevo. Desde que asumió el poder, el Gobierno de José Antonio Kast ha llevado a cabo cambios a través de decretos para enfrentar la llamada 'permisología'. La apuesta del Ejecutivo apunta a simplificar trámites, acortar plazos y destrabar proyectos, en medio de la voluntad por reactivar la economía y desregular los trámites que frenan las inversiones.
- Una de las alternativas del Ejecutivo es avanzar mediante medidas administrativas en algunos ejes del proyecto de Reconstrucción Nacional en caso de que la iniciativa no logre avanzar en el Congreso.
- El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo en un encuentro organizado por Clapes UC: “Me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”.
- Los dichos del zar de la Economía de Kast sobre gobernar vía decreto son realizables para enfrentar a la permisología, pero no se pueden usar para gestionar los impuestos porque las modificaciones tienen que pasar por un proyecto de ley.
- El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que “hacer una reforma tributaria por decreto no se puede”.
Tramitación ambiental. Uno de las principales medidas administrativas que ha llevado a cabo el Ejecutivo es destrabar proyectos de inversión mediante la agilización de la revisión de reclamaciones pendientes en el Comité de Ministros, el cual está llamado a sesionar al menos una vez al mes.
- Tras cerca de 60 días desde que asumió la administración de Kast, se han realizado cuatro sesiones de Comité de Ministros, donde se han destrabado iniciativas por cerca de US$ 3.460 millones.
- Entre los proyectos destrabados destaca el megaproyecto inmobiliario Maratué por US$ 2.000 millones y el desarrollo de una planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, ligada al Grupo Errázuriz, que llevaba 17 años en tramitación ambiental.
- El Ejecutivo también está haciendo ajustes internos para que, una vez que el Comité de Ministros resuelva las reclamaciones, se publique en un plazo máximo de 15 días hábiles. Hasta el año pasado, la publicación tomaba seis meses en promedio.
- Hace unas semanas, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, dijo a Ex-Ante que, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicita oficios a organismos públicos durante el proceso de tramitación ambiental de proyectos de inversión, estas entidades no responden dentro de los plazos legales.
- “Nosotros estamos diciendo que tienen que responder en un máximo de 15 días hábiles y, sino se recibe el documento, el organismo técnico resuelve”, expresó la secretaria de Estado.
- En un reciente informe, el banco de inversión estadounidense JP Morgan señaló que el problema de las demoras en permisos en Chile ha sido ampliamente documentado y que reducir plazos e incertidumbre podría tener efectos relevantes sobre la inversión.
Permisos sectoriales. Diversas fuentes consultadas por Ex-Ante sostuvieron que otra acción clave que podría ejecutar el Gobierno sin pasar por el Congreso es la implementación de los reglamentos de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, los cuales tiene que redactar el Ministerio de Economía.
- Esta ley, que fue aprobada en septiembre de 2025, busca acelerar la inversión y reducir la burocracia, prometiendo disminuir los tiempos de tramitación de permisos entre un 30% y un 70%.
- Fuentes consultadas también apuntaron que el Ejecutivo está evaluando mejorar la gestión de permisos con herramientas de la inteligencia artificial.
Consejo de Monumentos. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), considerado como uno de los principales “cuellos de botella” para los proyectos de inversión en el sector empresarial, es parte de los focos prioritarios en el Gobierno para enfrentar a la permisología.
- El enfoque del Gobierno apunta a que el CMN tenga una gobernanza más proactiva: identificar el patrimonio arqueológico en etapas tempranas del diseño de los proyectos, tramitar los permisos con anticipación y resolver las observaciones en plazos acotados.
- En la práctica, esto significa que una empresa que inicia su proceso de evaluación ambiental puede tener certeza antes de que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) esté aprobada, reduciendo la incertidumbre en las etapas más críticas del ciclo de inversión.
- Desde que se inició la administración de Kast, el organismo técnico ha agilizado sus pronunciamientos mediante un nuevo esquema de trabajo, el cual incluye sesiones extraordinarias de los consejeros.
- La aceleración en la ejecución de las resoluciones se vio reflejada en la sesión del 6 de mayo, cuando el CMN se pronunció sobre los avances respecto de una batería de proyectos que podrían destrabar más de US$ 6.700 millones en inversión.
- Parte de los expedientes revisados en la sesión fueron una potencial expansión de la minera Collahuasi, a la cual el organismo técnico otorgó el permiso de intervención arqueológica en la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un paso técnico que despeja el camino hacia la evaluación ambiental del proyecto.
- También, revisó iniciativas eléctricas de Transelec, el Tren Santiago-Batuco de EFE y el tramo 3 de la Línea 9 del Metro.
Cambios en organismos. Para enfrentar la permisología, el Gobierno también apunta a hacer cambios en la Ley Lafkenche, que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
- La crítica a esta normativa desde sectores productivos -especialmente salmonero y acuícola- apunta a que solicitudes extensas o pendientes generan incertidumbre sobre las inversiones.
- Para enfrentar esto, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, expresó hace unos días que el Ejecutivo trabaja en cambios para revisar tres puntos: el efecto suspensivo de las solicitudes en trámite, la proporcionalidad de las áreas requeridas y los requisitos para acreditar el uso consuetudinario.
- Con esto, apuntan a “dar certezas” y equilibrar derechos indígenas con otros usos productivos del borde costero.
- El Gobierno también le dio discusión inmediata al proyecto de ley que modifica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual tiene como eje la eliminación del Comité de Ministros y la creación de un órgano colegiado que revise las reclamaciones de los proyectos de inversión.
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