Qué observar. La promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric de sacar adelante un proyecto de ley de amnistía para los presos del 18-O, tuvo esta semana un nuevo traspié en el Congreso, luego de que nuevamente no fuera votado en la sala del Senado.
- La iniciativa, que marcó también el primer tiempo de la Convención Constitucional, tuvo como motor las acusaciones de un supuesto abuso de la prisión preventiva o, según familiares de los detenidos, la ausencia de un debido proceso legal.
- Las denuncias abrieron la pregunta de cuál era el universo de personas afectadas y un debate sobre qué delitos debían ser considerados en el listado. Un informe enviado por Gendarmería a la senadora DC Ximena Rincón informó de 144 personas en prisión imputadas por delitos cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021, a noviembre del año pasado. Un nuevo reporte de la institución, enviado el 8 de junio de este año al diputado Republicano Cristián Araya, con datos de mayo, mencionó a 80 personas privadas de libertad (63 condenados y 17 en prisión preventiva).
- A casi 3 años de las protestas y hechos de violencia del 18-O, una base de datos a la que accedió este medio da cuenta de 79 personas privadas de libertad, de las cuales 69 están condenadas.
- Todos son chilenos y, en su gran mayoría, hombres: sólo hay 2 mujeres en la lista. Tienen entre 20 y 50 años, pero la mitad tiene 30 años o menos. Tres se declaran mapuches, los demás no declaran tener pertenencia a pueblos originarios. Treinta y cuatro están recluidos en la Región Metropolitana. Sus delitos incluyen lanzamiento de molotov y realizar disparos injustificados.
- Gendarmería incluyó en la categoría presos del 18-O a los condenados por lanzar un artefacto incendiario al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Osorno. A continuación, 7 historias.
Las molotov lanzadas en Peñalolén. Mattías Alberto Berrocal Terrones, 22, quien cursa quinto y sexto básico en prisión, tiene como oficio “obrero de la construcción”, nació en Padre Hurtado y tiene como alias “Jordano o Locotron”, participó entre la tarde del 26 de agosto de 2020 y la madrugada del 27 de un ataque a la subcomisaría de Peñalolén, entregando artefactos incendiarios a los demás participantes del delito. Entre la tarde del 5 de septiembre de 2020 y la madrugada del día siguiente, y también entre 11 y 12 de septiembre de ese año, volvió a cumplir la misma función en un nuevo ataque a esa subcomisaría de Carabineros. También lanzó algunas molotov. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, esa última jornada también disparó a la policía con una escopeta hechiza.
- El 8 de julio de este año el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago lo condenó a 5 años de cárcel como autor de lanzamiento de artefacto incendiario y realización de disparos injustificados. Lo absolvió de los delitos de asociación ilícita, homicidio en contra de carabinero, tenencia ilegal de municiones y lanzar objetos cortantes en la vía pública. Lo perjudicó tener penas previas por otros lanzamientos de molotov. Fue enviado a Santiago 1 y fue registrado por Gendarmería como un interno de “mediano compromiso delictual”.
El incendio y robo en la catedral de Puerto Montt. Felipe Eduardo Santana Torres, 22, ayudante de mueblista, con primero medio cursado, nacido en Puerto Montt, trepó la tarde del 13 de noviembre a un semáforo de calle Urmeneta en Puerto Montt. Lo enlazó con una cuerda y luego, con ayuda, lo botó. Ese mismo día rompió con un martillo las baldosas de la calzada, para usarlas como proyectiles. La tarde siguiente volvió a trepar, esta vez a la protección de madera de las columnas de la catedral y le hizo un forado. Luego, con ayuda nuevamente, forzó la entrada del templo y sacó objetos religiosos, con los que hizo una fogata. La tarde del 18 de noviembre volvió a romper baldosas de Urmeneta con San Martín. Más tarde prendió fuego a las puertas de la catedral. Al día siguiente volvió a romper baldosas del centro. El 22 de noviembre encendió una barricada con neumáticos junto a una turba, en el centro de la ciudad.
- El 5 de noviembre de 2020 fue condenado por el tribunal de Puerto Montt a 5 años de cárcel por incendio de inmueble habitado, 540 días por hurto simple y 300 días por daños a bienes de uso público. Fue enviado a la cárcel de Puerto Montt, catalogado como interno de “bajo compromiso delictual”.
Las molotov a bancos y al carro lanza aguas. Mauricio Ignacio Guajardo Valdés, 22, con enseñanza media completa y oficio obrero, nacido en La Ligua, arrojó a la madrugada del 28 de enero de 2020, cerca de las 2:54 am, una bomba incendiaria tipo molotov a una sucursal del banco BCI de calle Tadeo Haenke de Iquique, durante lo que el fallo calificó de “protesta violenta”. La madrugada siguiente arrojó otra contra un carro lanza aguas de Carabineros, en el sector de avenida Héroes de la Concepción. Esa misma madrugada, cerca de la 1:36 am y luego cerca de las 3 am, lanzó primero una y luego otra molotov contra la misma sucursal bancaria de la jornada previa. A la 1:31 am del 1 de febrero de 2020 fue visto con artefactos incendiarios durante manifestaciones.
- El 24 de mayo de 2021 fue condenado por el tribunal de Iquique a 5 años de cárcel por el lanzamiento de 3 artefactos incendiarios. Fue absuelto del delito de transporte de molotov y de una cuarta acusación de haber lanzado una. Fue enviado a la cárcel de La Serena, catalogado como interno de “mediano compromiso delictual”.
La banda de “K-Pop primera línea” que atacó en Iquique. Brandon Sebastián Rojas Cornejo, 22, con enseñanza media completa, nacido en Iquique, se sumó tras el 18-O a la denominada denominada “K-Pop Primera Línea Tarapacá”, cuyos integtrantes se contactaban por WhatsApp y reunían en la llamada “zona cero” de Iquique. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, entre el 27 de diciembre de 2019 y el 18 de octubre de 2020 arrojó una docena de artefactos incendiarios contra Carabineros. Tras su aprehensión y de otros 15 jóvenes, el PC regional dijo en un comunicado que todo se trataba de un montaje.
- El 2 de junio de este año la fiscalía de Iquique informó que en un procedimiento abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de Iquique fue condenado a 5 años de presidio por lanzamiento de bombas molotov, 61 días por la asociación ilícita y dos penas de 61 días por desórdenes públicos. Está en la cárcel de Alto Hospicio, registrado como de “bajo compromiso delictual”. El líder de la banda, quien cooperó con la investigación, redujo su pena y quedó bajo libertad vigilada.
Desórdenes y robo en Punta Arenas. Francisco Alexander Sánchez Levipichun, 22, con enseñanza media completa, oficio “maestro segundo”, nacido en Punta Arenas y quien figura en los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) como mapuche, llegó el 12 de noviembre de 2019, cerca de las 9:50 pm, a una protesta en las intersecciones de Lautaro Navarro con avenida Cristóbal Colón, en Punta Arenas, donde había barricadas incendiarias. Allí, dice su sentencia, arrojó “objetos contundentes” contra Carabineros.
- El 13 de noviembre de 2020 fue condenado por el tribunal de Punta Arenas a una pena de 41 días de cárcel, por el delito de desórdenes públicos. Sánchez todavía no comienza a cumplirla, ya que el 4 de noviembre de 2020 había sido condenado por un robo con fuerza. De acuerdo a esa sentencia, el 1 de diciembre de 2019 entró a una casa, desde donde robó teléfonos, ipads, ropa, joyas y una camioneta. Fue enviado a la cárcel de Punta Arenas, catalogado como de “bajo compromiso delictual”.
La molotov lanzada a Daniel Jadue. Ramón José Ignacio Vargas Cotiart, 22, originario de Puerto Varas, y Rubén Andrés Gallegos Rivas, 23, estudiante, nacido en Valdivia, llegaron el 27 de febrero de 2020 a una iglesia luterana de Osorno donde el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llegó a exponer sobre el proceso constitucional. Vargas arrojó un artefacto incendiario, que no estalló, y huyó en un vehículo donde lo esperaba Gallegos.
- El 28 de julio de 2021 el tribunal de Osorno condenó a Vargas a 10 años y a Gallegos a 8 años de cárcel por lanzamiento de artefacto incendiario e incendio frustrado, respectivamente. Ambos están en la cárcel de Osorno, catalogados por Gendarmería como de “bajo compromiso delictual”.