Reforma cuesta arriba. A sólo tres días de que el gobierno ingresara el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad, el ministro Martín Arrau debió abrirse a negociar la redacción del texto y los puntos más controvertidos de la iniciativa.
- Su proyecto había sido cuestionado no sólo por la centro izquierda, como era previsible, sino que por prácticamente toda la derecha, desde el Partido Nacional Libertario hasta Demócratas. El punto más crítico era la creación de un quinto estado de excepción constitucional para “amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública”.
- El problema es que el proyecto, sin ser socializado debidamente con los parlamentarios, estableció una extensión de la restricción de las garantías constitucionales hasta por 240 días y sin la necesidad de que el Presidente de la República requiera la aprobación del Congreso. Una medida más extrema que cualquiera de los otros estados de excepción o que la experiencia comparada internacional. Incluso el estado de excepción de asamblea y de sitio, requieren acuerdo del Congreso.
El acuerdo Squella-Longton. El tiro de gracia a la fórmula de Arrau lo dio Arturo Squella, presidente del Partido Republicano donde milita el ministro. En una declaración conjunta con el senador Andrés Longton (RN), propusieron reducir el plazo máximo de estado de excepción a 30 días, renovable, pero siempre con acuerdo entre el Presidente y el Congreso “desde el primer momento”. Ambos se manifestaron también contrarios a la posibilidad de interceptar comunicaciones que incluye el proyecto.
- Según fuentes del Partido Republicano, los senadores, únicos oficialistas en la comisión de Constitución, se coordinaron previamente con Arrau para informales de este anuncio. Para ambos era importante llegar a la tramitación con un texto que genere mayor consenso, ya que al ser una reforma constitucional se requiere 29 votos (4/7 de los senadores en ejercicio).
Qué dicen las encuestas. Además, el proyecto recibió otro balde de agua fría con una encuesta de Cadem que señala que un 58% se opone a que el estado de excepción sea decretado sólo por el Presidente. En cambio si pasa por el Congreso, el respaldo a la medida llega a un 52%.
- El mismo sondeo mostró que entre las medidas más impopulares está la interceptación de comunicaciones (46% en desacuerdo y 46% a favor); restringir la libertad de tránsito (54% en contra y 40% a favor); y limitar la libertad de reunión (54% en contra y 27% a favor).
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Ronda de emergencia. Con su proyecto en jaque, Arrau sostuvo la mañana de este jueves en su oficina reuniones con diputados y senadores de RN y la UDI para abordar los alcances de la iniciativa.
- Según varios diputado de Chile Vamos presentes en los encuentros, Arrau se manifestó disponible para modificar sustancialmente el proyecto. Los parlamentarios han hecho críticas a la falta de trabajo legislativo previo del ministerio y del gobierno para socializar la iniciativa.
- La mayor preocupación era que se estaba abriendo un debate constitucional innecesario, que modifica el capítulo I de la Carta Fundamental, es decir las bases y principios de la institucionalidad.
- Fuentes del oficialismo afirman que Arrau era de la idea de impulsar una batería de proyectos de Ley, pero que Presidencia insistió en la necesidad de primero reformar la Constitución para habilitar otros cambios legales en seguridad sin chocar con el Tribunal Constitucional
- Uno de los acuerdos al que llegó Arrau con los parlamentarios fue que se establezca una mesa de negociación con representantes de los partidos oficialistas para llegar a una redacción común en los puntos más conflictivos.
- La UDI se reunirá el lunes en una mesa técnica para afinar una nueva propuesta de redacción que será presentada por la diputada y constitucionalista Constanza Hube. En tanto, RN sostuvo este jueves un encuentro con expertos en la materia como Marisol Peña, Teodoro Ribera, Sebastián Soto y Juan José Ossa.
Los negociables. En la reunión, Arrau no sólo se abrió a reducir los plazos del estado de excepción. Según los presentes, también se conversó que en las prestaciones estatales que se restringirán a condenados por delitos de crimen organizado no se incluirán materias de salud. Se trata de uno los puntos más controversiales y al que se había opuesto incluso, la ministra de Salud, May Chomali.
- El detalle de los beneficios acotados en Educación, Previsión y Trabajo, serán establecidos por una legislación aparte con quórum calificado.
- También se conversó sobre ajustar la medida respecto al registro de organizaciones criminales para que quede resguardado en un debido proceso y sin afectar garantías de las personas.
Sobre la versión de que el gobierno está evaluando realizar un plebiscito para preguntas a la ciudadanía sobre las reformas constitucionales, los partidos manifestaron su total rechazo y afirmaron que aquello no era viable jurídicamente. El gobierno también tomó distancia de la medida y descartó que estuviera en carpeta.
