AFP

Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, se presentó este lunes nuevamente ante los tribunales para declarar en la causa por sobornos conocida como "los cuadernos de las coimas", proceso que denunció como deliberado en su contra y carente de pruebas.

Kirchner desechó delegar su comparecencia en sus abogados y acudió puntual ante el juez Claudio Bonadio a las 11 horas de Argentina (misma hora en Chile).

La ex presidenta permaneció en tribunales durante una media hora. En los alrededores, apenas un par de militantes esperaron con un cartel para expresarle su apoyo.

"Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a los que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocos hoy en nuestro país", había pedido Kirchner en un mensaje de Twitter, dando a entender que la causa en su contra intenta distraer de la crisis económica que enfrenta el país.

Poco antes de que la ex mandataria acudiese ante el juez, el Presidente Mauricio Macri anunció nuevas medidas de austeridad para enfrentar la crítica situación económica y financiera que atraviesa el país.

Juicio oral

Además de éste, Kirchner tiene abiertos otros cinco procesos judiciales por presunta corrupción y por encubrimiento a iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA.

El primer juicio oral y público contra la expresidenta comenzará el 26 de febrero próximo, anunció este lunes el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).

La fecha fue fijada por el tribunal que la juzgará por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia patagónica de Santa Cruz. Junto a ella, estarán en el banquillo el ex ministro Julio de Vido, el ex viceministro de Obras públicas José López y el empresario Lázaro Báez, estos tres detenidos.

"Ni una mínima prueba" 

"Reitero mi negativa categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así también como de haber cometido delito alguno", sostuvo Kirchner este lunes en un texto que entregó en el juzgado.

"La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen", añadió.

Cristina Kirchner, de la centro-izquierda del peronismo, ha comparado su caso con el del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y sostiene que es una perseguida a la que se quiere proscribir de la actividad política.

Con 65 años, la ex mandataria es la figura más destacada de la fragmentada oposición, a un año de las elecciones presidenciales.

Los cuadernos del juez 

Kirchner ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública.

En esa ocasión, recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli, pero su pedido fue rechazado.

También el ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien está bajo arresto preventivo, declaró ante el juez este lunes.

El llamado a comparecer nuevamente en tribunales se debe a que las investigaciones, inicialmente fijadas entre 2008 y 2015, fueron ampliadas para que abarquen también los años que van de 2003 a 2008.

En total, se investiga todo el periodo K: del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) a los dos mandatos de Cristina Kirchner, finalizados en 2015.

Kirchner es la persona de más alto rango investigada en el caso que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios, incluido Ángelo Calcaterra, un primo del Presidente Mauricio Macri.

La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de "arrepentidos", la mayor parte de ellos empresarios, pero también dos exfuncionarios clave de los gobiernos kirchneristas. 

Como senadora, Cristina Kirchner goza de fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser imputada y condenada.

Las tres residencias de Kirchner, un departamento en Buenos Aires y sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia (sur), fueron allanadas en agosto con autorización del Senado.

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