La autoridad electoral venezolana, controlada por el chavismo, declaró este jueves "improcedente" la solicitud de referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, quien celebró el "fracaso" de la consulta en la que la oposición decidió no participar por las condiciones adversas del proceso.

Tania D'Amelio, una de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, informó que "se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad", que equivale al "1,01% del registro electoral".

Una pequeña fracción opositora, que pidió activar el mecanismo sin apoyo de los grandes partidos, debía recolectar la firma del 20% del padrón electoral de cada estado (unas 4,2 millones en total).

"El CNE declara improcedente la solicitud de referendo revocatorio al mandato del presidente" y "declara sin lugar una nueva solicitud de referendo", indicó D'Amelio.

La recolección de firmas se realizó durante 12 horas el miércoles, según la orden del CNE que anunció la jornada con cinco días de antelación, lo que según el promotor Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) hacía inviable el proceso y por esto llamó a no participar.

Los centros instalados por el CNE estuvieron vacíos durante ese día en Caracas, constató la AFP.

Maduro, reelecto en 2018 en unos comicios que la oposición desconoce, celebró el resultado del que responsabilizó al líder opositor Juan Guaidó, pese a que la iniciativa no contó con su apoyo expreso. 

"La culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el referendo revocatorio está en el estupidismo (sic), en el infantilismo y en el golpismo que la oposición ha practicado en Venezuela en los últimos años", dijo Maduro en un acto oficial.

"La culpa es del imbécil de Juan Guaidó y la culpa es de todos estos grupos que creían que era fácil que era soplar y hacer botella, así que fracasaron", añadió, rechazando las críticas a las condiciones del proceso.

Mover prevé la nulidad del proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también de línea oficialista.

La Constitución establece que cualquier funcionario electo por voto popular puede ser removido de su cargo a través de un revocatorio, una vez cumplida la mitad de su período. Solo es posible pedirlo una vez por mandato.

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