El caso de Valentina Orellana Peralta volvió a generar impacto luego de que un tribunal de California eximiera de responsabilidad al policía que disparó el arma que terminó con la vida de la adolescente chilena en diciembre de 2021, en un hecho que conmocionó tanto a Chile como a Estados Unidos.
La tragedia ocurrió el 23 de diciembre de ese año, cuando Valentina Orellana, de solo 14 años, se encontraba junto a su madre en una tienda de ropa de Los Ángeles comprando vestidos para las celebraciones de fin de año. Mientras ambas estaban dentro de un probador, un hombre protagonizó un violento incidente en el local, situación que provocó un amplio operativo policial.
En medio del caos, el oficial William Dorsey Jones Jr. ingresó al recinto convencido de que enfrentaba a un tirador activo y creyendo que el sospechoso estaba armado con una pistola. Sin embargo, posteriormente se determinó que el individuo solo portaba un candado para bicicletas.
El policía disparó contra el sospechoso, pero uno de los proyectiles atravesó la pared del probador donde Valentina y su madre intentaban esconderse. La bala impactó a la adolescente, provocándole la muerte en el lugar.
Desde entonces, la familia Orellana Peralta inició una larga batalla judicial contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), acusando negligencia y uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento policial.
Ahora, a más de cuatro años del caso, un jurado estadounidense resolvió que el oficial no actuó de manera negligente aquel día. La decisión se basó principalmente en las grabaciones de las cámaras corporales de los policías, las que mostraron que la menor y su madre estaban fuera del rango visual del funcionario cuando abrió fuego.
Según la defensa del agente, el uniformado actuó bajo una percepción de riesgo extremo y en cuestión de segundos, creyendo que existían víctimas fatales y una amenaza armada dentro de la tienda.
El fallo provocó indignación en la familia de Valentina, cuyos padres, Soledad Peralta y Juan Pablo Orellana, aseguraron que seguirán adelante con la demanda civil contra el LAPD.
La acción judicial busca establecer responsabilidades institucionales y apunta directamente a los protocolos utilizados durante el operativo. La familia sostiene que el oficial actuó de manera apresurada, sin evaluar correctamente el entorno y utilizando fuerza letal en un lugar lleno de civiles.
Además, recalcan que el sospechoso no portaba un arma de fuego, uno de los elementos que consideran fundamentales para demostrar que la respuesta policial fue desproporcionada.
