Dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela fueron condenados a 30 años de cárcel, la pena máxima en el país, por los delitos de homicidio y tortura contra del capitán Rafael Acosta Arévalo, tras celebrarse un nuevo juicio en su contra.
El sargento Estiben José Zárate Zoto, y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía, fueron condenados a "30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio calificado", indica una nota de prensa difundida este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se trata de una nueva condena, luego de una polémica sentencia conocida en septiembre de 2019 que había determinado seis años de prisión a los agentes por "homicidio preterintencional", desestimando entonces el delito de tortura.
El capitán Acosta Arévalo, de 50 años, falleció el 29 de junio de 2019 en un hospital de Caracas, ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Fue internado tras sufrir un colapso en el tribunal donde fue presentado en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura, denunciaron entonces sus abogados, en un caso que suscitó un fuerte rechazo internacional ante el clamor de justicia.
La ONG Foro Penal señala que 10 "presos políticos" han fallecido bajo custodia, entre ellos el concejal opositor Fernando Albán, detenido el 5 de octubre de 2018 por su supuesta participación en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que el presidente Maduro daba un discurso el 4 de agosto de 2018, en Caracas.
El político murió tres días después de su detención en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), desatando una polémica internacional que llevó a las Naciones Unidas a pedir una "investigación transparente".
La fiscalía de Venezuela, en tanto, informó en diciembre pasado que más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados por violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de las violaciones se produjeron durante protestas antigubernamentales que dejaron unos 125 muertos en 2017.
La Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante esas manifestaciones, según un memorando firmado en noviembre en Caracas por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Maduro.