Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1999-2000), para que se le pueda enjuiciar en un proceso penal por las miles de "esterilizaciones forzadas" de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000, informó el Poder Judicial peruano.

El juez Rafael Martínez decidió el sábado enjuiciar a Fujimori y varios exministros por el caso. El Poder Judicial peruano informó más tarde que, a petición de la defensa del exmandatario, suspendía el procesamiento por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007.

La fiscal del caso, Carmen Rosa Crisóstomo, indicó que el Ministerio Público "oportunamente presentará la ampliación de solicitud de extradición" a Chile.

Martínez había afirmado la semana pasada que Fujimori - de 83 años y que cumple una condena de 25 años de prisión- no podía por ahora ser procesado por las "esterilizaciones forzadas", pues esta causa no fue incluida en el pedido de extradición desde Chile, concedida por delitos de violaciones de derechos humanos y corrupción.

En la misma audiencia, realizada de forma virtual, el magistrado decidió abrir también proceso penal a "los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder".

"Se les procesará por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos-".

La proceso penal de las "esterilizaciones forzadas" cuenta con 1.317 demandantes y se inició en 2002, siendo archivado y reabierto varias veces.

Entre los acusados está Alejandro Aguinaga, médico del propio Fujimori, exministro de Salud y actual congresista por Fuerza Popular, el partido político que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente.

Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.

La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias. Una de ellas dijo que en 1997, cuando tenía 19 años, fue a vacunar a su bebé al consultorio y le ligaron las trompas.

El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.

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