España vive una nueva jornada de masivas protestas por la crisis de acceso a la vivienda, un problema que durante los últimos años se ha transformado en una de las principales preocupaciones de sus habitantes.
Este sábado 3 de octubre, miles de personas se movilizaron en Madrid y otras ciudades españolas para reclamar medidas frente al precio de los arriendos, los desahucios y las dificultades para encontrar viviendas asequibles.
Solo en Madrid, la Delegación del Gobierno cifró en 70 mil los participantes, mientras que el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones convocantes, aseguró que fueron 500 mil.
¿Por qué hay protestas por la vivienda en España?
El malestar tiene como telón de fondo un sostenido encarecimiento de la vivienda y dificultades para acceder al arriendo, especialmente entre jóvenes y hogares de menores ingresos.
Según datos recopilados por Amnistía Internacional España, el precio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2025 fue 12,9% mayor que un año antes, mientras que el valor medio de las propiedades vendidas alcanzó los 1.902 euros por metro cuadrado durante ese año. En el caso de los arriendos, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que aumentaron 3,5% en 2024, pero el incremento llegó a 8,8% entre los contratos nuevos.
El impacto es especialmente fuerte entre quienes tienen menores ingresos. Un avance de la Encuesta FOESSA señala que 6,8 millones de personas realizan un sobreesfuerzo económico para costear su vivienda, mientras que el 20% de los hogares de menores ingresos destina más del 70% de sus recursos al arriendo.
A eso se suma el problema de los desalojos. Durante 2025 se practicaron 18.317 lanzamientos vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, equivalentes al 74,6% del total consignado en el desglose citado por Amnistía Internacional a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial.
El caso que encendió las protestas
Aunque el problema lleva años acumulándose, las movilizaciones actuales cobraron fuerza después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, desde su vivienda en Madrid.
El caso generó una ola de indignación y se convirtió en símbolo de las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda. Desde entonces se han desarrollado manifestaciones.
La crisis de vivienda ahora golpea al gobierno de Pedro Sánchez
Las protestas coinciden además con un complejo escenario político.
El viernes, el Congreso de los Diputados rechazó dos reales decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. PP, Vox y Junts votaron contra ambos textos; en el caso del decreto relacionado con la renovación de los alquileres también se opusieron PNV y Coalición Canaria, según Europa Press.
La derrota parlamentaria ha abierto nuevamente el debate sobre un posible adelanto de las elecciones generales, actualmente previstas para 2027. RTVE informó que Sánchez se dio el fin de semana para decidir si convoca elecciones tras el rechazo de los decretos.
Mientras tanto, desde las organizaciones de inquilinos buscan elevar la presión. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, aseguró este sábado que ya comenzaron conversaciones con sindicatos laborales para avanzar hacia una huelga general por la vivienda, aunque todavía no existe una fecha confirmada.
