El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó a 14 años de presidio efectivo a una mujer por el delito consumado de parricidio de su hijo adoptivo de tan solo 7 años, en Punitaqui, región de Coquimbo.
El crimen, que ocurrió en abril de 2021, conmocionó a la comuna y toda la región.
De acuerdo a lo señalado por el Diario El Día, en un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que en la tarde del 20 de abril de 2021, Javiera Cabrera Tapia agredió a su hijo en su domicilio del sector La Higuerita.
En la sentencia se indica que la acusada propinó fuertes golpes con elementos contundentes en diversas partes del cuerpo del niño, utilizando cinturones, una cuchara de madera, además de pies y manos.
Las pericias establecieron múltiples hematomas, equimosis y excoriaciones en casi todo el cuerpo de la víctima: rostro, cuello, tórax, abdomen, brazos, piernas y glúteos.
En esa oportunidad se mencionó que Cabrera golpeó al menor de 7 años hasta provocarle la muerte. Finalmente, el pequeño falleció por un edema pulmonar traumático causado por politraumatismo, antes de recibir atención médica.
La participación de la mujer se acreditó mediante prueba de cargo, testigos presenciales y evidencias materiales y científicas halladas en el sitio del suceso.
El fiscal Maximiliano Krause destacó la solidez del caso y agregó que fue determinante el testimonio de la abuela paterna de la víctima, quien actualmente tiene la custodia del hermano menor.
Las irregularidades en adopción de la mujer
El caso también volvió a poner en el debate las presuntas irregularidades en el proceso de adopción que permitió que el pequeño de 7 años fuera entregado al cuidado de Javiera Cabrera.
De hecho, la pericia psicológica forense estableció que el diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) constituye una causal de exclusión en los manuales del extinto SENAME para postulantes a adopción, consignó El Día.
Los peritos señalaron que los informes psicológicos que sirvieron de base para la adopción "desaparecieron" del expediente y que Cabrera "jamás estuvo en condiciones psicológicas de ser adoptante".
En el juicio oral, los expertos precisaron que el Estado chileno falló en sus mecanismos de control y evaluación, permitiendo una adopción que "exponía a la víctima a un desenlace absolutamente previsible".
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