El pleno de la Corte Suprema emitió, la tarde de este miércoles, una declaración a raíz de la acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.
La acción impulsada por diputados en contra de la jueza es por haber presidido la Comisión de Libertad Condicional que dejó libre a Hugo Bustamante, imputado por la muerte de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.
El libelo por notable abandono de deberes, presentado por el diputado RN Andrés Longton y que cuenta con el apoyo de diversos parlamentarios, está siendo actualmente analizado en una Comisión de la Cámara.
Es en ese contexto es que el pleno de la Suprema difundió su declaración que consta de siete puntos y que fue dado a conocer por la vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.
"Presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra, pero en lo que realmente le compete", señala.
El texto también sostiene que "en el escenario descrito, la Corte Suprema de Justicia cumple, una vez más, con el deber de exigir el respeto debido a la autonomía e independencia de los jueces del país, con motivo de la acusación constitucional que se ha presentado en contra de la ministra señora Silvana Donoso Ocampo, que tiene su origen en la resolución adoptada en una sesión de la Comisión de Libertad Condicional que le correspondió presidir, y que se encontraba integrada, además, por cuatro jueces".
La Corte Suprema indicó, además, que "el cuestionamiento de las argumentaciones que sustentan la decisión de un juez implica la revisión de la misma por un órgano extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación a la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".
Y agregaron que "en este caso –y tal como ocurrió con las anteriores tres acusaciones, todas rechazadas- no es el cargo de la señora ministra el que está en riesgo, sino la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Constitución Política".