Una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo y desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una presunta organización criminal dedicada al ingreso de drogas y teléfonos celulares al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel.
El caso, expuesto por Reportajes T13, contó con un megaoperativo que contempló 21 órdenes de entrada y registro en Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé, además de diligencias al interior del propio recinto penitenciario.
Una estructura organizada dentro y fuera de la cárcel
Según la investigación, la organización funcionaba mediante una cadena de coordinación.
En el exterior operaban quienes conseguían las drogas, mientras que civiles intermediarios se encargaban de coordinar las entregas con funcionarios penitenciarios. Una vez dentro del recinto, gendarmes permitían el ingreso clandestino de drogas y teléfonos celulares, los que posteriormente eran distribuidos por internos de confianza entre la población penal.
Cobraban hasta $600 mil por ingresar droga
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación, los funcionarios recibían pagos por ingresar distintos elementos prohibidos.
Uno de los principales imputados habría llegado a cobrar hasta $600 mil, dependiendo del tipo y cantidad de droga o dispositivos electrónicos que ingresara al recinto penitenciario.
Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias y registros audiovisuales que, según el Ministerio Público, permitieron documentar reuniones entre los involucrados y la entrega de paquetes que posteriormente eran ingresados a la cárcel.
El seguimiento al patrimonio de los imputados
Además de acreditar el funcionamiento de la organización, la investigación incluyó un análisis patrimonial de los funcionarios involucrados.
Según la Fiscalía, algunos mantenían vehículos y propiedades que no serían consistentes con sus ingresos.. Los investigadores también indagaron la eventual utilización de familiares como testaferros para adquirir bienes con dinero proveniente de las actividades ilícitas.
Entre las diligencias se revisaron parcelas, automóviles y movimientos financieros que ahora forman parte de la investigación por presunto lavado de activos.
Gendarmería desvinculó a los funcionarios
Tras conocerse el caso, Gendarmería informó la desvinculación inmediata de los funcionarios involucrados.
Desde la institución señalaron que se aplicó la normativa vigente para separar del servicio a quienes se apartan de los principios éticos que rigen a la institución, mientras continúa el proceso judicial.
