La Comisión de Educación de la Cámara aprobó aprobó la idea de legislar un proyecto de ley que busca suspender el pago de las cuotas del crédito con aval del Estado (CAE), producto de la pandemia del coronaviurs.
Como se trata de una aprobación en general, la misma instancia deberá discutir su articulado antes que el proyecto sea sometido a votación en la sala de la Cámara y, de prosperar, llegar al Senado. O sea, faltan varios pasos para que eventualmente se convierta en ley.
“Este es un proyecto a todas luces necesario, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran varios deudores producto de la pandemia y, más aún, si algunas postergaciones que hoy se contemplan solo están disponibles para personas que no son morosas, es decir, una cantidad muy baja”, afirmó la presidenta de la comisión, la diputada Camila Rojas (en la foto principal).
La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien aseguró que es inconstitucional.
“Estamos en presencia de una manera de legislar que, inevitablemente, causa tremendas dificultades y que, además, deja en evidencia una falta de apego al rigor constitucional que solo se traduce en errores. El texto contiene materias exclusivas del Presidente (de la República) y, por eso, es difícil pretender hacer una legislación razonable si ya el inicio es inconstitucional”, manifestó.
En tanto, el director ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), Tomás Bayón, aseguró que la iniciativa no sería necesaria, pues "actualmente, los deudores pueden optar a esos beneficios. El tema es que, si el proyecto habla de una suspensión universal, eso implica un costo fiscal de 18 mil millones mensuales".
"Además, hay derechos de terceros involucrados y se afectan los derechos de las personas que sí quieren y pueden pagar y así cancelar lo antes posible su deuda", manifestó.
El reclamo del gobierno se da en momentos que el Ejecutivo ha manifestado su preocupación por proyectos que irían más allá de las atribuciones del Congreso, que -de acuerdo a la constitución actualmente vigente- no puede presentar proyectos que impliquen un gasto fiscal. De hecho, este lunes, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de una instancia asesora para abordar las atribuciones del parlamento en este sentido.