La Contraloría General de la República iniciará un sumario y una fiscalización en contra del Hospital Sótero del Río.
El motivo es determinar eventuales responsabilidades administrativas por la aprobación de un contrato de prestación de servicios médicos con una empresa cuyo dueño, en un 98%, es un trabajador del centro médico.
El recinto de salud cerró un contrato por "servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología" con la empresa "Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.". El monto del acuerdo asciende a los $680.271.966.
"Si bien la prohibición de contratar no distingue grado de participación, se constató que en este caso la empresa está compuesta por dos socios: un funcionario del complejo asistencial -con un 8% de participación- y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante. Sin embargo, esta última se encuentra integrada por el mismo trabajador del hospital con un 98% de participación", explicó el ente fiscalizador sobre este caso.
Contraloría inicia sumario a Hospital Sótero del Río: ¿Qué dice la ley?
Aunque la ley que regula este tipo de acuerdos (la N°19.886) prohíbe suscribir contratos administrativos con personal de la misma institución o con sociedades de personas o empresas individuales que formen parte o sean beneficiarios finales, existen algunas excepciones. No obstante, según Contraloría, "en este caso la resolución que aprobó el contrato no está debidamente fundada como lo exige la ley".
El organismo estatal también precisó que además el Hospital Sótero del Río indicó que el trabajador del recinto de salud sólo tenía una participación de un 8%, a pesar que en realidad la empresa estaba compuesta por dos socios: el funcionario del complejo asistencial -con ese 8% de participación- y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante.
Esta última estaba integrada por el mismo funcionario del hospital con un 98% de participación, "lo anterior, afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso", agregaron desde el organismo fiscalizador.
