El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a presidio perpetuo a José Adán Sepúlveda Curipe, tras declararlo culpable del femicidio íntimo de su conviviente, crimen cometido en agosto de 2023 en la comuna de Villarrica, en la Región de La Araucanía. A la pena se sumó una segunda condena de 15 años de presidio efectivo por incendiar la vivienda donde permanecía el cuerpo de la víctima.
El fallo fue adoptado de manera unánime por las magistradas María Cecilia Zapata Pavez, Alejandra Rosas Lagos y Adriana Knopel Jaramillo, quienes establecieron que la responsabilidad del acusado quedó acreditada más allá de toda duda razonable.
Tribunal acreditó el femicidio ocurrido en 2023
De acuerdo con la sentencia, durante la madrugada del 22 de agosto de 2023, el condenado se encontraba junto a su conviviente en la vivienda que ambos compartían en el sector El Tume, en Villarrica, donde también residían junto a sus dos hijos en común.
El tribunal estableció que, tras una discusión, el acusado agredió físicamente a la mujer, provocándole la muerte. Según los antecedentes incorporados al juicio, la víctima presentaba lesiones compatibles con un trauma encéfalo craneano, conforme al informe del Servicio Médico Legal de Temuco.
Incendió la vivienda con el cuerpo de la víctima en el interior
La sentencia también dio por establecido que, cerca de las 08:00 horas del mismo día y luego de que una tercera persona conociera el fallecimiento de la mujer, el condenado utilizó sustancias acelerantes para prender fuego a la vivienda.
El inmueble fue completamente destruido por las llamas mientras el cuerpo sin vida de la víctima permanecía sobre una cama al interior de la casa, resultando posteriormente carbonizado. Tras iniciar el incendio, el acusado abandonó el lugar.
Además del presidio perpetuo por el femicidio, el tribunal impuso al hombre una pena adicional de 15 años de presidio efectivo como autor del delito consumado de incendio de lugar destinado a la habitación.
La sentencia contempla, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con otras sanciones establecidas por la legislación vigente.
Una vez que la sentencia quede firme, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados, conforme a la normativa vigente.
