La Contraloría General de la República advirtió importantes deficiencias en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, una política pública creada para enfrentar uno de los principales problemas ambientales que afectan las costas del país. La auditoría concluyó que, a cinco años de su aprobación, existen falencias en la coordinación entre organismos públicos, el seguimiento de las acciones comprometidas y la ejecución de medidas destinadas a disminuir la contaminación marina.
Las observaciones forman parte del Informe Final N.° 129 de 2026, que revisó la ejecución del plan de acción correspondiente al período 2021-2030, incluyendo aspectos como coordinación interinstitucional, contrataciones, pagos, viáticos y el cumplimiento de las actividades comprometidas por las instituciones responsables.
Falta de seguimiento al cumplimiento de los objetivos
Uno de los principales hallazgos apunta a la Subsecretaría del Medio Ambiente, organismo encargado de coordinar la estrategia. Según la Contraloría, la entidad no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices que permitieran monitorear el avance de las medidas comprometidas.
Como consecuencia, a marzo de 2026 la subsecretaría no disponía de información sistematizada sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos, una situación que, según el organismo fiscalizador, puede afectar la planificación, supervisión y toma de decisiones en materia de residuos marinos y microplásticos.
La auditoría también concluyó que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no acreditaron gestiones destinadas a impulsar programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos.
Asimismo, el informe señala que tampoco se comprobó la realización de acciones para difundir iniciativas desarrolladas por empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, pese a que estos compromisos comenzaron a regir en 2022.
La revisión también detectó un progreso limitado en la identificación de productos provenientes del sector pesquero y acuícola que podrían incorporarse al sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) establecido por la Ley N.° 20.920.
Del mismo modo, la Contraloría observó la falta de medidas concretas para fomentar la economía circular en caletas pesqueras y reducir la generación de residuos plásticos asociados a la actividad marítima.
Capacitaciones comprometidas nunca se implementaron
Otro de los incumplimientos detectados corresponde a las capacitaciones comprometidas por la Subsecretaría del Medio Ambiente para funcionarios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos.
La auditoría concluyó que dichas actividades, previstas desde 2022 con una frecuencia semestral, no fueron ejecutadas y tampoco existía una planificación que permitiera implementarlas.
Tras detectar estas deficiencias, la Contraloría General de la República instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices destinados a fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento del plan de acción.
Además, el organismo deberá informar las coordinaciones realizadas y presentar una planificación para ejecutar las actividades que permanecen pendientes.
Por su parte, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tendrá que acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances correspondientes a las acciones programadas para 2026.
En tanto, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá identificar las brechas existentes, evaluar las actividades ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la estrategia.
Finalmente, la auditoría también detectó observaciones en procesos de pago asociados a actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá fortalecer sus mecanismos de control, ajustar sus procedimientos administrativos y completar los antecedentes faltantes en los expedientes revisados.
