Un episodio inusual dentro de una investigación por crimen organizado en el país reveló el nivel de sofisticación alcanzado por una banda delictual que operaba desde la cárcel de Valparaíso. Su líder, Luis Vidal Flores, habría intentado intervenir directamente en un procedimiento policial haciéndose pasar por fiscal del Ministerio Público para influir en la liberación de un detenido.
El hecho ocurrió tras la detención de un sujeto en San Felipe, situación que derivó en un contacto telefónico desde el penal hacia un recinto policial, donde el imputado buscó ejercer presión simulando autoridad judicial.
El intento de suplantación de un fiscal
De acuerdo con los antecedentes del caso, Vidal utilizó su posición como líder de la organización para realizar una llamada en la que se identificó como fiscal, buscando que el detenido fuera dejado en libertad de forma inmediata.
Durante la conversación, el sujeto habría utilizado lenguaje técnico propio del sistema judicial para dar mayor credibilidad a su intervención, llegando a mencionar la aplicación del “artículo 26” como argumento para exigir la liberación del individuo.
"Mire estaba llamándolo por un procedimiento que ustedes adoptaron hace unos minutos atrás en San Felipe. Quiero aplicar inmediatamente el artículo 26 en contra de esta persona" decía desde la cárcel.
La estrategia apuntaba a generar confusión en el procedimiento policial y forzar una decisión administrativa en favor del detenido.
La presión directa sobre funcionarios policiales
El registro del diálogo da cuenta de un tono de exigencia hacia el personal policial. En la comunicación, el supuesto fiscal insistía en la necesidad de ejecutar la orden de manera inmediata, mientras desde la unidad policial se mantenía la cautela respecto del procedimiento.
En respuesta, un sargento a cargo explicó que la solicitud debía quedar registrada en el sistema institucional, indicando que el procedimiento aún no se encontraba formalizado en la plataforma operativa, lo que permitió frenar el intento de intervención directa desde el penal.
El caso no se limita a un hecho aislado. La investigación sostiene que la misma estructura criminal liderada desde la cárcel ya había desarrollado mecanismos de suplantación de identidad para cometer delitos patrimoniales, principalmente mediante llamadas telefónicas dirigidas a asesoras del hogar.
Las autoridades investigan el nivel de coordinación y acceso a información que permitió que el imputado intentara este tipo de suplantación desde el interior de un recinto penitenciario.
