Una estudiante del Instituto Profesional Santo Tomás interpuso un recurso de protección luego de que le prohibieran ingresar a clases y actividades académicas acompañada de su hija de dos años, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó.
La estudiante alegó que la medida vulneraba sus garantías constitucionales, considerando que no contaba con una red de apoyo para el cuidado de la menor.
Desde la institución señalaron que la mujer tenía acceso a las medidas de flexibilización académica consideradas en el Reglamento de Beneficios y Medidas para estudiantes Padres, Madres o Cuidadores, lo que contempla, entre otras medidas, la prioridad en la inscripción de asignaturas, rebaja de hasta un 20% de la asistencia mínima en asignaturas teóricas, reprogramación de evaluaciones y derecho a ausentarse durante dos horas diarias para alimentar a su hija.
También señalaron que en el artículo 18 N°2 del mismo reglamento, está prohibido que menores de edad ingresen a actividades docentes, prácticas u otras contempladas en el plan de estudio.
Por su parte, la Corte acreditó que la estudiante accedió a los beneficios establecidos por la norma interna y estimó que el derecho de alimentación no implica que los menores de edad deban permanecer en las salas de clases o en actividades académicas.
Consideraron que la prohibición respondía la finalidad de resguardad la calidad del proceso educativo y que permitir que una menor de edad estuviera durante jornadas académicas extensas tampoco era un ambiente adecuado para ella.
Finalmente, la Corte concluyó que la decisión del instituyo era razonable y estaba respaldada por fundamentos jurídicos, además de velar por el interés superior de la menor, por lo que rechazó el recurso de protección.
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