Días después de que el Gobierno presentara nuevas indicaciones a la ley corta de isapres, lo que tendría como objetivo destrabar la discusión del proyecto en la Comisión de Salud del Senado, la Superintendencia del sector realizó una nueva simulación para calcular tanto la deuda del sistema, como el posterior reajuste de precios bases que deberían hacer las compañías para lograr el equilibrio financiero.
El escenario planteado por la entidad liderada por Víctor Torres considera: la deuda retrospectiva, es decir, aquellos montos que las aseguradoras deberán devolver por los cobros en exceso efectuados en los planes que no se habían ajustado a la tabla de factores vigente; y la deuda prospectiva, que tiene que ver con el impacto que ese mismo fallo de la Corte Suprema tendrá en los ingresos de las isapres.
Además, según se lee en una minuta de la Superintendencia, esta simulación supone que la ley corta se promulgará en febrero de 2024 -tal como estimó la Comisión Técnica que asesoró al Senado- y considera la norma que permitirá que todas las personas ajusten sus planes al 7% de cotización obligatoria.
Con todo esto, la institución calculó una deuda total del sistema en $1.066.610 millones, esto es, unos US$ 1.184 millones.
De acuerdo a la minuta de la Superintendencia, esto significa que, durante los 10 años que tendrán para pagar la deuda, las isapres tendrán que pagar unos US$ 118,4 millones al año y unos US$ 9,9 millones al mes.
Impacto en las operaciones futuras
Además, el resultado operacional del sistema isapres, tras aplicar el fallo de tabla de factores, del sistema isapres -considerando tanto empresas abiertas como cerradas- caería en US$ 48,8 millones al mes.
El efecto es disímil entre las distintas compañías, concluyó la Superintendencia. Mientras hay una que requeriría solo de un 5,7% de aumento en los ingresos para lograr el equilibrio financiero, hay otra que requeriría de una subida de un 27,5% para ello. En un escenario con contención de costos, estas cifras bajarían a 5,9% y 26,1%, respectivamente.
Por ello, tras el fallo, las isapres deberían subir los precios base de sus planes hasta en un 41,4%, en el caso de la empresa más afectada. Algunas lo deberían hacer en menor medida: para la compañía mejor posicionada, se proyecta un alza de un 6,8%. En la simulación con contención de costos, dichas alzas disminuirían a un 39,4% y 0,2%, respectivamente.
La minuta de la Superintendencia subraya que estas alzas estimadas no son sobre el precio actual, sino que sobre "el precio resultante tras la adecuación por fallos GES, la adecuación tras la aplicación de los fallos por la tabla de factores única, la disminución de los ingresos por no cobro por menores de dos años y la cotización pactada del 7% estricto para todos los contratos, en el contexto de las indicaciones del ejecutivo".
Además, las alzas se reducirían "en magnitud variable" por otros reajustes como el Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, se mostró preocupado por las alzas de precios base que llegarían hasta el 41%.
"O sea, las isapres van a apretar el bolsillo de los usuarios. Estas son alzas muy significativas y, por lo tanto, aquí tiene que haber claridad en la metodología, qué se va a considerar en la deuda y de qué modo afecta la rebaja del precio isapres. Todo esto, al final de cuentas, tiene que estar súper claro en la ley corta de isapres porque, si no, es el afiliado el que paga toda esa cuenta y eso sería inaceptable después de años de judicialización", dijo el parlamentario.