A casi un mes del inicio del juicio por la tragedia del Hércules C-130 en el Paso de Drake, nuevos antecedentes revelados por Reportajes T13 apuntan a un elemento clave en la investigación: la existencia de al menos dos alertas emitidas desde Estados Unidos que advertían sobre fallas críticas en la aeronave.
Según la Fiscalía, se trata de documentos clasificados de la Fuerza Aérea estadounidense que fueron enviados a Chile antes del accidente y contenían instrucciones específicas de mantenimiento que no se habrían ejecutado.
La tragedia, ocurrida en diciembre de 2019, dejó 38 personas fallecidas, y es considerada el peor accidente aéreo en la historia reciente del país.
“Darse cuenta que efectivamente existen evidencias es fuerte pensar que podría haber sido todo evitable”, señaló Caroline Carvacho, pareja del cabo primero Luis Montoya, una de las víctimas.
Tras casi seis años de investigación, el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, explicó una hipótesis central sobre el origen del accidente.
“Se produjo por el desprendimiento en vuelo por una de las palas de una de las hélices del avión”.
De acuerdo con la indagatoria, el problema se originó por una corrosión intergranular, una falla estructural que afecta el material metálico y que ya había sido advertida internacionalmente.
Las dos alertas formales que envió EE.UU. a la FACH: qué decían y cuándo llegaron
Según los antecedentes revelados por Reportajes T13, fueron dos las alertas formales enviadas desde Estados Unidos a operadores de aeronaves C-130, incluida la Fuerza Aérea de Chile.
Primera alerta: agosto de 2017
Tras un accidente de un Hércules C-130 en Mississippi, EE.UU., que dejó 16 fallecidos, la Fuerza Aérea estadounidense emitió una orden técnica dirigida a todos los operadores de este modelo.
El documento establecía medidas urgentes:
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Identificar posibles fallas en las palas de las hélices
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Retirar de servicio componentes defectuosos
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Ejecutar las revisiones en un plazo máximo de 10 días
“Emitieron un boletín en el cual les ordenaban a los operadores que tenían que hacerle determinada mantención a las hélices porque ellos establecieron que el avión de ellos se había caído por un problema de corrosión intergranular en una de las palas de las hélices”, explicó el fiscal Crisosto.
Sin embargo, según la investigación, no hay registro de que estas acciones se hayan realizado en el avión accidentado.
Segunda alerta: marzo de 2019
Dos años después, se emitió un nuevo boletín técnico, esta vez aún más específico.
“En marzo de 2019 se emite una segunda orden técnica, un segundo boletín, y que se ordena a todos los operadores. Particularmente a la fuerza aérea de Chile. Asegúrese de haber cumplido con la mantención ordenada en la orden técnica del 2017 y si no lo hicieron y la hélices son anteriores del 2012 que es el caso de nuestro C130 esas hélices deben ser cambiadas en el momento”, detalló el fiscal.
Esta segunda advertencia no solo reiteraba la necesidad de inspección, sino que ordenaba directamente el reemplazo de hélices fabricadas antes de 2012, condición que cumplía la aeronave siniestrada.
Fiscalía acusa que reparación de Hércules C-130 fue postergada diez veces
La investigación también apunta a que el avión presentaba múltiples observaciones técnicas que no fueron resueltas. Entre ellas, una abolladura en la parte trasera cuya reparación fue postergada en diez ocasiones reiteradamente.
El coronel en retiro Julio Ojeda Puig, quien autorizó el funcionamiento de la aeronave, defendió su actuar:
“Yo lo que hago cuando difiero es que limito o no limito la aeronave. Ésta abolladura no limitaba operacionalmente la aeronave. Ni siquiera para ir a la Antártica”.
Para la Fiscalía, los antecedentes apuntan a una conclusión clara: las medidas necesarias para evitar el accidente estaban disponibles.
“Es la crónica de una caída completamente evitable, porque los acusados tuvieron en su poder la posibilidad de evitar, si ellos cumplian sus labores y deberes, evitar que volara aquel día”.
En total, cinco exfuncionarios de la FACH enfrentan cargos por homicidio culposo, arriesgando penas de 541 días de cárcel. A ellos se suma un suboficial acusado de emitir comunicaciones falsas.
