La Asociación de Isapres de Chile cuestionó la propuesta del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores, alegando que "es inviable" y que la metodología "equivale a casi 100 años de utilidades".
Fue durante este martes que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio a conocer aspectos de la propuesta de Ley Corta que pretende impulsar La Moneda para instruir el fallo del máximo tribunal del país.
En ese sentido, la secretaria de Estado enfatizó que "aquí no hay una negociación de cuál es el monto, que está definido por los mismos términos que establece el fallo. Se debe rebajar el cobro a las personas de que se les va a aplicar la tabla de factores de aquí en adelante y, por lo tanto, se debe recalcular el costo del plan y, al mismo tiempo, a ese mismo conjunto de personas hay que devolverle lo que la Corte establece que es un cobro en exceso. O sea, no hay posibilidad de negociar o definir cifras".
A través de un comunicado, desde la Asociación de Isapres de Chile señalaron que "quedando solo semanas para cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordenó uniformar el sector Isapre bajo una única tabla de factores, hemos conocido la decisión del Gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo".
En ese sentido, acusaron que "la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades", alegando que "es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse de los plazos que se proyecten".
Igualmente, desde el organismo señalaron que la Corte Suprema enfatizó que "las soluciones no deben desbaratar al sistema privado", pero cuestionaron que "la propuesta del Ejecutivo causa eso y más".
En esa línea, enumeraron que, a su juicio, se "restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el Gobierno conoce".
"Las Isapres hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno. No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle la responsabilidad en una eventual crisis sanitaria", agregaron.
"Creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud", cerraron en la misiva.