El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio detalles de la modificación a la Ley 21.325, que se encuentra en Comisión Mixta y que busca perfeccionar y agilizar el procedimiento de expulsiones administrativas de migrantes irregulares.
En conversación con el programa de T13 En Vivo, Estamos en Vivo, la autoridad señaló que "hay una mano más dura" y que se encuentran realizando, en promedio, dos vuelos mensuales, "lo que significa que una persona que está mirando la noticia dice: 'están fiscalizando más, es una realidad'".
Cabe consignar que en las últimas horas se efectuó un vuelo FACh, con 40 inmigrantes irregulares. Según cifras del Gobierno, desde el inicio de la administración, se han concretado 1.764 expulsados.
"Lo que nos interesa es que las personas irregulares se vayan. Esto es complementario con algo que el Presidente anunció el primero de junio respecto a la posibilidad de diseñar, y estamos terminando de afinar un mecanismo para que personas que estén irregulares, sin orden de expulsión, y que entraron por un paso no habilitado o porque se sobre extendió la estadía, y que están trabajando y que son un aporte, haya un mecanismo de salida para que vuelvan a entrar. Eso lo estamos terminando de trabajar", complementó el subsecretario.
"Hay que entender que la expulsión es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento policial, no es la ejecución de una sentencia penal (...) Es un procedimiento administrativo, donde la Policía de Investigaciones que hace un gran trabajo en materia de ser el ente contralor, cuando se materializa una orden de expulsión por parte del servicio de migraciones, hay que ejecutarla"
"Hoy día, no hay herramientas para poder ingresar a un domicilio a poder detener a una persona, ponerla a disposición de la Policía de Investigaciones, en un cuartel policial, y subirla a un avión para expulsarla, porque no es un allanamiento, porque no necesariamente la expulsión es un delito"
"Entonces, ¿qué es lo que hemos consensuado en el Congreso? Que cuando hay una orden de expulsión totalmente tramitada, totalmente lista, la policía pueda pedir la autorización a un juez de garantía competente del domicilio (...) Y por supuesto el juez, si es que esos requisitos se cumplen, da la instrucción y hoy día, la Policía de Investigaciones, cuando este proyecto sea ley, va a poder ingresar a un domicilio para tomar a una persona irregular y la pueda expulsar. Eso hoy día no existe, y es un tremendo avance que hemos consensuado en el Congreso, unánime"
El subsecretario reiteró que el trámite esté ejecutado, se encuentre la orden y que el juez lo apruebe; descartando una 'redada' en algún lugar de concurrencia pública.
Asimismo, desligó alguna similitud con ICE de Estados Unidos: "No tiene nada que ver porque en el fondo esas son redadas donde las personas las aprehenden sin orden judicial, no es el caso de Chile, Chile tiene protocolos asociados a las privaciones de libertad que están en la constitución".
¿En qué está el proyecto que perfecciona y agiliza las expulsiones administrativas de inmigrantes irregulares?
Recientemente, la iniciativa fue aprobada en la Comisión Mixta que fue presidida por la senadora Danisa Astudillo y que concluyó con votaciones unánimes.
La instancia incorpora observaciones formuladas por la Corte Suprema e integró propuestas técnicas tras escuchar al Ministerio Público y el Ejecutivo, entre otros.
Entre los acuerdos que se llegó en la instancia parlamentaria, se elevó de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
Asimismo, se facultó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no exceda los tres años de privación de libertad.
Además, no deberán registrar condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años a la espera del cumplimiento de la medida.
También en la instancia parlamentaria se acordó la coordinación previa con el Ministerio Público para verificar que la expulsión o el ingreso a domicilio no afecten investigaciones penales en curso que puedan involucrar un interés prevalente para la persecución, protegiendo los derechos de las víctimas.
Todo lo anterior se suma a que la PDI podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
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