El preinforme de Contraloría sobre el ingreso de 300 niños haitianos a Chile entre enero y abril de 2025 bajo el Programa de 'Reunificación Familiar' expuso una situación que hoy forma parte de los antecedentes que investiga la Fiscalía, en el marco de una indagatoria por presuntos delitos de cohecho y trata de menores.
El documento revela que 12 adultos ingresaron a Chile con casi 486 niños haitianos en vuelos sin regulación entre el 2024 y 2025. Peor aún, actualmente 64 niños no han logrado ser ubicados.
La atención está puesta en el actuar del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), entonces encabezado por Luis Thayer, junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de la Niñez.
Este martes, el fiscal Nacional Ángel Valencia confirmó que dichos organismos serán objeto de diligencias en una investigación que llevara adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Sumado a todo lo anterior, un documento firmado por Luis Thayer cuando dirigía el Servicio Nacional de Migraciones hoy concentra la atención en medio del escándalo por el ingreso de niños haitianos a Chile.
Se trata de un memorándum emitido en agosto de 2024 y firmado por Thayer, que flexibilizó parte de los documentos exigidos a ciudadanos haitianos que solicitaban residencia desde el extranjero.
En medio de esto, la noche de este miércoles el Gobierno anunció que creará una fuerza de tarea para dar con el paradero de los niños haitianos que habrían ingresado al país de manera irregular.
"Se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y nos permita identificar, ubicar y consolidar la información para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o no hayan sido ubicados", aseguró el biministro Claudio Alvarado.
En la ocasión, se dio a conocer que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, estará a cargo de liderar esta tarea.
Las imágenes de uno de los vuelos con niños haitianos que alertó a autoridades
El pasado 15 de octubre un grupo de menores de edad provenientes de Haití llegaron al Aeropuerto de Santiago en un vuelo poco habitual de Caribbean Sun Airlines.
En torno a esta aerolínea saltaron las alarmas. "Hay algunos factores comunes que son importantes considerar, por ejemplo, el aumento o la masividad del ingreso de niños y adolescentes, vuelos charter, ausencia o no, precisamente del listado de pasajeros, que serán aquellas circunstancias en las cuales también tendremos que indagar", dijo el fiscal Anticorrupción, Eugenio Campos.
Uno de esos factores llamó la atención de la Policía de Investigaciones y hoy adquiere total relevancia tras conocerse este preinforme de Contraloría que da cuenta de irregularidades en el programa de reunificación familiar del Servicio Nacional de Migraciones y que reveló que adultos ingresaron a Chile con centenares de niños haitianos en vuelos sin regulación y que de ellos, 64 no han logrado ser ubicados.
El informe detalla una grave situación detectada justamente en este vuelo. Fue a través del oficio 2699 que la PDI le comunicó al Servicio de Migraciones que la aerolínea Caribbean Sun Airlines, quien trajo a estos pasajeros ese 15 de octubre del año pasado, transportó a 5 menores de edad sin la debida documentación para ingresar al país.
"Realmente aquí hay un negocio detrás en donde se estableció, cierto, que habían personas que traían a 10, 12, 34 niños incluso en un mismo vuelo, por lo tanto hay distintas investigaciones que está haciendo la Fiscalía", expresó el director de Migraciones, Frank Sauerbaum.
T13 tuvo acceso a conversar con uno de los pasajeros haitinao que venía en el polémico vuelo del 15 de octubre. En la conversación, dijo que "no vi mucho en ese momento, pero sí algunos venían con su padre o su madre".
Ahora, los esfuerzos se centran en saber dónde están esos 64 niños haitianos de quiene se desconoce su paraderi tras llegar a Chile. De hecho, el Senado solicitó al Presidente de la República encontrarlos.
En otro carril debería avanzar también la investigación judicial, tendiente a determinar las responsabilidades y los eventuales delitos que habría tras estas irregularidades, que no hacen más que aumentar los temores de un posible tráfico de niños.
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