La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció que enviará un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para estudiar eventuales acciones contra las tres personas que fueron rescatadas este miércoles en el Cajón del Maipo, luego de permanecer seis días aisladas en medio del sistema frontal que afectó a la zona.
Se trata de Martina Núñez, de 22 años, Magdalena Retamal, de 31, y Manuel Orellana, quienes fueron encontrados con vida en un refugio de las Termas del Valle de Colina, en San José de Maipo, tras un amplio operativo en el que participaron Carabineros, la PDI, Bomberos y otros colaboradores.
Tras el hallazgo de los tres, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció que el Gobierno buscará establecer responsabilidades por el despliegue que implicó el rescate.
"¿Y si el rescate hubiese tenido que realizarse por vía terrestre, pasando por tres zonas que son proclives a las avalanchas, y esto hubiera cobrado algunas de las vidas de los rescatistas? A mí me parece que es grave que los rescatistas, los bomberos, el GOPE de Carabineros, PDI, y el resto de quienes participan de los rescates, pongan en riesgo su vida por el actuar temerario e irresponsable de una persona que incluso hemos sabido que ha incurrido de manera reiterada en esta conducta irresponsable", afirmó.
Codina explicó que el objetivo es que "el Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad. Y en segundo lugar, todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar a las personas con vida".
El delegado también sostuvo que el operativo representó un importante desembolso de recursos públicos. En esa línea, señaló que según cifras entregadas por la Municipalidad de San José de Maipo, el despliegue fue estimado en cerca de $100 millones.
"Eso es algo que tiene que estudiarse bien. A mí lo que me preocupa es que, cuando la autoridad te está alertando por los medios de comunicación, cuando Meteorología y Senapred te advierten que vamos a tener un episodio crítico, con precipitaciones superiores a las que tuvo Santiago en el gran temporal de 1982, que en esa oportunidad cobró 15 vidas; cuando te dicen: 'Señor, está prohibido pasar de San Gabriel hacia arriba porque su integridad está en riesgo, y además la de las personas que van a tener que concurrir a buscarlo, quienes van a tener que ir en su auxilio, los rescatistas'. Entonces, cuando una persona viola todos esos preceptos y demuestra que su irresponsabilidad es aún mayor que todas las alertas, esa persona debería ser sancionada", planteó.
"Primero, pagando los costos asociados al rescate y, en segundo lugar, también creo que se debe legislar para que, en caso de que se cobre la vida de un rescatista por situaciones provocadas por irresponsables como este, esa persona pague con todo el rigor de la ley", siguió.
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