En un escenario marcado por la expansión simultánea de incendios forestales de gran intensidad, el Presidente Gabriel Boric resolvió activar el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío durante la madrugada de este domingo. La decisión responde a una emergencia de alto impacto que ha obligado a ejecutar evacuaciones a gran escala, reforzar el despliegue de recursos y mantener una coordinación constante entre las instituciones encargadas de la respuesta ante desastres.
La medida se adopta al amparo de las atribuciones que contempla la Carta Fundamental, las cuales permiten al Ejecutivo recurrir a este mecanismo excepcional frente a eventos de carácter catastrófico que exceden las capacidades operativas habituales del Estado. El objetivo principal es dotar a la autoridad de mayores herramientas para enfrentar una situación que amenaza directamente a la población, las viviendas y la infraestructura estratégica.
¿En qué consiste el estado de catástrofe?
Con la entrada en vigor del estado de catástrofe, el Gobierno queda facultado para nombrar a un Jefe de la Defensa Nacional en las regiones afectadas. Esta figura tendrá a su cargo la coordinación de las Fuerzas Armadas, en apoyo a las policías y autoridades civiles, con tareas orientadas al resguardo del orden público, la protección de instalaciones críticas y el soporte logístico a las labores de emergencia.
El régimen excepcional también contempla la posibilidad de limitar de forma temporal ciertas libertades, como el desplazamiento o las reuniones, cuando ello sea indispensable para garantizar la seguridad de las personas, ordenar evacuaciones, controlar accesos a sectores de riesgo o evitar acciones que puedan intensificar la emergencia.
Uno de los efectos inmediatos de esta declaratoria es la aceleración en el uso de recursos públicos, al reducir trámites administrativos y facilitar contrataciones urgentes. Esto permite una respuesta más eficiente en el traslado de brigadas, el uso de maquinaria pesada, aeronaves, suministro de combustible, equipamiento médico y ayuda humanitaria, además de la reorientación de fondos fiscales hacia la atención directa de la crisis.
Desde el punto de vista social, el estado de catástrofe habilita una respuesta más rápida en apoyo a las personas damnificadas, incluyendo la implementación de albergues, distribución de alimentos, atención de salud y eventuales apoyos económicos, en coordinación con gobiernos regionales y municipios.
La aplicación de esta medida será acotada en el tiempo y estará sujeta a revisiones constantes, considerando la evolución de los incendios y las condiciones que permitan avanzar hacia una fase de normalización, una vez superado el riesgo que hoy enfrentan Ñuble y Biobío.
