La defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó un informe firmado por el reconocido abogado constitucionalista, Gastón Gómez, para evitar su desafuero.
El documento se titula "Sobre el estándar de plausibilidad exigible para el desafuero del Gobernador Regional Metropolitano", donde se analizan las acusaciones de Fiscalía contra Orrego por el caso ProCultura.
El abogado, exmilitante de RN, señala que el fuero del cargo de gobernador "constituye una garantía institucional de carácter excepcional, cuyo objeto es la preservación del normal funcionamiento del órgano gobierno regional y de la voluntad popular expresada en la elección democrática del cargo"
El escrito enfatiza que "en cuanto excepción al principio de igualdad ante la ley, su interpretación y aplicación deben ser necesariamente restrictivas y ajustadas a estándares estrictos de mérito penal".
Ante esto, Gastón Gómez afirma que se exige "la justificación plausible de la existencia del delito imputado y la presunción fundada de participación penal del aforado".
Informe dice que Corte debe rechazar desafuero de Orrego
El escrito asegura que el desafuero debe hacerse en armonía con el principio de inocencia, lo que "impide fundar el levantamiento del fuero en imputaciones genéricas, inferencias amplias, reproches de gestión o confusiones entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal".
"Exige que la imputación sea penalmente precisa, objetivamente fundada y resistente a las explicaciones plausibles de la defensa", agrega Gómez.
Sobre las acusaciones de Claudio Orrego, el informe acusa que "no se configura de manera razonable el delito de fraude al Fisco, por cuanto la imputación carece de una descripción concreta de dolo defraudatorio, simulación contractual o consentimiento doloso de una defraudación ajena".
El abogado indica que "la solicitud de desafuero no alcanza la suficiencia probatoria requerida para presumir fundadamente una participación penal, dolosa y jurídicamente relevante del gobernador".
"Los antecedentes invocados no permiten establecer un nexo directo entre la autoridad aforada y un perjuicio fiscal penalmente relevante, ni desvirtúan las explicaciones plausibles ofrecidas por la defensa, conforme a las exigencias jurisprudenciales del estándar de antecedentes calificados", añade.
Debido a esto, Gastón Gómez concluye que "resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado autorizar el levantamiento del fuero sobre la base de imputaciones que no satisfacen los estándares estrictos desarrollados por la jurisprudencia".
