Justo después de Navidad. El viernes 26 de diciembre vence el plazo ordenado por un tribunal de la región de la Araucanía para dar cumplimiento a una sentencia que ya lleva casi dos años desde que fue dictada.
El Juzgado de Victoria decretó en abril de 2023 un fallo que tiene como objetivo reparar una problemática que afectó a 66 trabajadoras que se desempeñaban como manipuladoras de alimentos en distintos recintos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la comuna de Victoria. En su demanda, las mujeres denunciaron el no pago de un bono laboral. El tribunal les dio la razón y ordenó el desembolso de cerca de 180 millones de pesos. Sin embargo, después de todo este tiempo, la resolución todavía no se ha materializado por parte de los organismos estatales involucrados.
Frente a este incumplimiento, el tribunal advirtió -en un escrito al que tuvo acceso Reportajes Teletrece- que, si no se da cumplimiento dentro del plazo establecido, se dictará una orden de arresto contra la actual directora regional de la Junji en La Araucanía, Andrea Fernández Toledo, y contra la seremi de Educación de la región, Marcela Castro Armijo. De concretarse, ambas serían trasladadas al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco, por un período de hasta 15 días.
La resolución, fechada el 11 de diciembre de 2025, cita el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y subraya que, en materia de derechos laborales, la justicia sólo es efectiva si se aplica de manera oportuna. En ese contexto, el tribunal ordenó oficiar a la Junji regional y al Ministerio de Educación, a través de la Seremi de La Araucanía, para que informen y acrediten el cumplimiento del fallo dictado en 2023.
Además, el juzgado estableció que, si transcurren 10 días sin que exista constancia de cumplimiento, se deberá oficiar a la Policía de Investigaciones de Temuco para ejecutar las órdenes de arresto, a solicitud de la parte demandante y con los antecedentes correspondientes.
Ariel Rossel, abogado del estudio Rossel Fuentes y Urzúa Abogados y representante de las 66 trabajadoras, señaló que “el tribunal dictó una orden de arresto, porque es una herramienta legal para presionar a quienes debían cumplir con el pago desde hace ya un año. Es lamentable que se tenga que llegar a este punto para que el Estado, a través de sus funcionarios, cumpla con una obligación que ya fue establecida por la justicia”.
Consultadas por Reportajes Teletrece, tanto la Junji como la Seremi de Educación de La Araucanía optaron por no entregar declaraciones públicas. Sólo indicaron que sus equipos jurídicos se encuentran analizando el caso.
