La rebaja de condenas a 56 personas culpables por delitos sexuales contra menores abrió un nuevo flanco de críticas contra el Gobierno.
Esto, luego de que la oposición anunciara que buscará las firmas para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y promoverá un proyecto para impedir que quienes cometen estos delitos accedan a ese beneficio.
Por su parte, el Ejecutivo defendió las resoluciones y aseguró que actuó conforme a la ley.
Según informó el medio Interferencia, de las solicitudes acogidas, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación. De acuerdo con esos antecedentes, solo una petición fue rechazada.
La controversia se centra en por qué se autorizaron estas rebajas durante la actual administración. La explicación del Ministerio de Justicia apunta a que los casos corresponden a condenas anteriores a la modificación legal de 2022 y que existían fallos de la Corte Suprema que reconocían el derecho de esas personas a acceder al beneficio.
¿Por qué se rebajaron las condenas a 56 culpables de delitos sexuales?
Según explicó el ministro Fernando Rabat, antes de que entrara en vigor la reforma legal de 2022, la Corte Suprema había acogido recursos de amparo presentados por personas condenadas por estos delitos, reconociéndoles el derecho a obtener rebajas de penas.
“A partir del año 2022, se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la Excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas”, sostuvo el secretario de Estado.
Rabat aseguró que "lo que hizo el Ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó.
Las solicitudes ingresaron directamente al Ministerio de Justicia y fueron autorizadas mediante la firma del Presidente José Antonio Kast.
Según los antecedentes, se contempló la evaluación de la conducta de los condenados por parte de la Comisión de Reducción de Condenas, la verificación de requisitos por la Secretaría Regional Ministerial y el estudio de los antecedentes por la División de Reinserción Social.
Consultado por la firma del Mandatario en los decretos, Rabat respondió: “Claro, porque usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”.
Gobierno acusa “mala intención” en las críticas
El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, también abordó la polémica y acusó que el enfoque con el que se dio a conocer la noticia fue "mal intencionado".
“Supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales, y hay que aclarar el procedimiento. Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad”, señaló.
Arenas insistió en que "si las personas cumplen con los criterios establecidos en la ley y son aprobados y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”, agregó.
“Aquí no estamos hablando de si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley y es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”, agregó.
Finalmente, Arenas sostuvo: “Por lo tanto, el Ministerio de Justicia ha cumplido estrictamente con lo que es su obligación legal. El Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en estas materias y que, por el contrario, el procedimiento fue impecable”, concluyó.
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