Interpelación, “indulto parcial” y proyecto para evitarlo: Parlamentarios reaccionan por 56 rebajas de condenas por delitos sexuales
Aton- Presidente José Antonio Kast y ministro Fernando Rabat
T13 En Vivo
La revelación de que durante el actual gobierno el Ministerio de Justicia ha otorgado rebajas de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores, encendió la alerta al interior de la oposición, quienes salieron a anunciar que buscarán firmas para una interpelación al titular de la cartera cuestionada, Fernando Rabat, además de anunciar la presentación de un proyecto que prohíbe que quienes cometieron ese tipo de delitos obtengan ese beneficio.
Una vez que se hizo pública la información a través de Interferencia, la bancada de diputados del Partido Comunista informó que reunirán las firmas necesarias para interpelar a Rabat y exigir explicaciones.
El diputado Marcos Barraza (PC), declaró que "el gobierno ha traspasado un límite inaceptable, indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación. Se ponen del lado de los agresores y no de las víctimas".
Por ello, indicó, "estamos estudiando una interpelación al ministro Rabat, al ministro de Justicia, que es la cartera responsable".
Y "vamos a buscar la fundamentación para la interpelación y, en consecuencia, vamos a buscar las firmas en el conjunto de la oposición, de manera tal que tengamos una explicación razonable del ministro de justicia, que no la existe, y del Presidente de la República, porque lleva la firma del Presidente de la República”.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, acusó al Ejecutivo de llenarse “la boca con el tema de los menores, pero ¿quién da la cara por las víctimas? El propio Estado los pisotea”.
Bianchi llamó a Rabat a que explique la decisión y cuestionó que “una cosa es que usted esté cumpliendo con la ley, otra muy distinta es que el sistema siga permitiendo estas rebajas. No podemos tener un Estado que promete mano dura, de forma artificial, de forma publicitaria, mientras los delincuentes terminan teniendo mano blanda con violadores de niños”.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó la noticia de “extremadamente grave” y criticó que se trata de un “indulto parcial” a “violadores y abusadores de niños”.
“Estamos hablando de los peores delitos, de los más graves, de los que provocan indignación en la ciudadanía, de los que dañan a menores de edad, de lo peor que puede hacer un delincuente”, planteó el parlamentario.
Anuncian proyecto para evitar rebajas de condenas
A la interpelación se sumó una segunda medida, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, declaró que presentarán “un proyecto de ley para dejar en claro que la rebaja de penas no aplica a estos delitos sexuales contra menores. Yo estoy de acuerdo con ser humanitario, estoy de acuerdo con comprender los derechos de las personas privadas de libertad, pero separemos la paja del trigo”.
Schneider cuestionó que si bien, tal como lo señaló Rabat, la Corte Suprema permite estos beneficios en las solicitudes previas a 2022, los ministros de Justicia y Derechos Humanos han recurrido a los tribunales para evitar la libertad de este tipo de condenados, "desde el ministro (Hernán) Larraín en adelante han dado esta pelea".
La respuesta del Gobierno
El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, fue consultado sobre esta información y calificó la noticia como "mal intencionada". "Supone que hubo una cierta voluntad o intención del ejecutivo de perdonar algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales, y hay que aclarar el procedimiento. Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad", explicó.
"Si las personas cumplen con los criterios establecidos en la ley y son aprobados y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes", añadió.
Sobre lo mismo, Gonzalo Arenas, añadió que "aquí no estamos hablando de si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que esta establecido en la ley y es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara".
Por último, señaló que la ley se modificó en 2022 y precisó que ninguno de los decretos se refiere a delitos cometidos posterior a esa fecha. "Por lo tanto el Ministerio de Justicia ha cumplido estrictamente con lo que es su obligación legal. El Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en estas materias y que por el contrario, el procedimiento fue impecable", concluyó.
También te puede interesar
