En el marco de la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el artículo 8 del proyecto que hacía referencia al uso de la Inteligencia Artificial (IA) y a la propiedad intelectual.
La norma aplicaba una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual y, de esta manera, autorizaba a cualquier empresa a reproducir, adaptar y usar contenido periodístico, audiovisual, musical y cultural para entrenar modelos de inteligencia artificial sin pedir autorización ni pagar a sus creadores.
En el proyecto se daba a conocer que esta medida tenía por fin permitir el entrenamiento, desarrollo y despliegue de sistemas de IA.
El artículo, al que también se la había añadido una indicación, había sido criticado por la Asociación Nacional de Televisión (Asociación Nacional de Televisión) y la Asociación Nacional de Prensa (ANP).
Ambas agrupaciones habían hecho un llamado a rechazar la medida.
Ley de Reconstrucción Nacional: Los cuestionamientos de Anatel y la ANP al artículo 8
En una declaración pública, ANATEL sostuvo que la indicación agravaba "de manera significativa” las preocupaciones que ya habían sido planteadas por la industria creativa y de medios respecto del proyecto original.
La entidad afirmó que la propuesta “parece un traje diseñado a la medida de las grandes empresas extranjeras de inteligencia artificial”, acusando que se entregaría acceso gratuito al contenido producido por creadores y medios chilenos.
Según ANATEL, la nueva redacción autorizaba el uso de contenido periodístico, audiovisual, musical y cultural para entrenar sistemas de IA “sin pagar ni pedir autorización a sus creadores”.
En ese sentido, el gremio pidió incorporar un sistema de “opt-out”, mecanismo que permitiría a los titulares de derechos decidir expresamente si autorizan o no el uso de sus obras para entrenar inteligencia artificial. De acuerdo con ANATEL, este modelo ya es utilizado en la Unión Europea y en acuerdos internacionales entre plataformas tecnológicas y creadores de contenido.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa sostuvo que la indicación sustitutiva no corrige los problemas advertidos previamente, sino que “los agrava”.
La asociación también cuestionó el estándar jurídico contenido en la propuesta, señalando que debilitaba las protecciones establecidas en tratados internacionales sobre propiedad intelectual, como el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.
Respecto del fondo propuesto por el Ejecutivo, la ANP aseguró que “no es una compensación”, argumentando que sus recursos no estarían destinados directamente a indemnizar a los titulares de derechos cuyas obras sean utilizadas.
Entre otros puntos, el gremio criticó que el fondo sea administrado exclusivamente por representantes del Estado, que se financie con recursos fiscales y que no contemple aportes directos de las empresas beneficiadas por la excepción legal.
