Cinco informes de la Contraloría General de la República (CGR) evidenciaron graves irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.
El organismo inició una serie de sumarios administrativos ante la detección de pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
Asimismo, distintas municipalidades y la Dirección Regional de Arquitectura también se encuentran involucradas.
Las irregularidades que detectó Contraloría en Valparaíso
- Delegación Presidencial Regional de Valparaíso
Se detectaron pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones y la auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.
Se instruyó un sumario administrativo y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
- Municipalidad de Quilpué
La Contraloría determinó que presentó gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados. Además, de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
Ante esto, se ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
- Municipalidad de Viña del Mar
Se evidenciaron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025, que incluyen problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
La Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
- Dirección regional de Arquitectura de Valparaíso
Se detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.
También se constataron pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos. También se ordenó un sumario administrativo y se solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP.
