La madre de Vincent González Aguirre, el hombre privado de libertad de 27 años que fue asesinado y decapitado al interior de la cárcel Bío Bío, presentó una demanda civil contra el Estado por presunta falta de servicio, específicamente desde Gendarmería.
La acción legal apunta a la responsabilidad de Gendarmería en el resguardo del interno, quien fue hallado muerto y además decapitado el pasado 9 de diciembre del 2024, en la celda que compartía con otro recluso.
Según los primeros antecedentes reunidos por el equipo investigador, el cuerpo de González fue ubicado al interior de la celda 21 del módulo 42, sector en el que cumplía su condena.
Su compañero de dormitorio, Diego Valdés San Martín, habría cometido el homicidio utilizando armas blancas, de fabricación artesanal, y que fueron incautadas tras el hecho por personal policial.
En esa línea, el abogado de la familia, Andrés Durán, sostuvo que Gendarmería no habría cumplido con las normas básicas de clasificación interna, argumento que forma parte central de la acción judicial presentada.
Demanda por caso de interno decapitado en Concepción
Según recoge BioBioChile, la demanda sostiene que el joven, descrito como una persona de menor compromiso delictual, fue ubicado en la misma celda que un reo considerado de alta peligrosidad, situación que -según argumenta la acción legal- contraviene los procedimientos establecidos para la segregación de la población penal.
Además, el escrito subraya la ausencia de controles que habrían permitido el ingreso y fabricación de armas blancas dentro del módulo, lo que se sopone está prohibido y los propios reclusos no deberían tener acceso a este tipo de herramientas.
El abogado además recalcó que estos elementos no deben estar disponibles en las celdas y que su presencia evidencia profundas fallas en la supervisión del recinto.
La Fiscalía llevó a Valdés a audiencia de formalización por homicidio calificado, diligencia que marcó el inicio de la fase judicial del caso. Desde entonces, el proceso penal avanza con nuevas actuaciones dirigidas a esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos.
En paralelo, la demanda civil interpuesta por la familia sigue su curso administrativo. La acción, que solicita una indemnización de $280 millones, aguarda la notificación formal al Consejo de Defensa del Estado para continuar con su tramitación.
