La Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana informó la mañana de este martes los resulados de un masivo operativo realizado en siete regiones del país —Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins— para desbaratar una red de corrupción que operaba en nueve centros penitenciarios, entre los que están las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín.

Este procedimiento, llamado 'Operación Apocalipsis', dejó un saldo de 66 detenidos, de los que 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, de los gendarmes detenidos 40 contaban con orden de detención vigente y otros cuatro fueron sorprendidos cometiendo delitos flagrantes en Santiago 1.

"En dos centros penitenciarios de la RM, Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados al ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos y además adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas, que de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitenciario, especialmente a Santiago 1", declaró el fiscal Pastén sobre el operativo.

Sobre lo mismo, mencionó que "desde la madrugada se desarrollaron diversos operativos en los establecimientos que acabo de señalar y en otros siete a nivel nacional que determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería". 

Asimismo, precisó que se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron nueve propiedades y 16 vehículos, además de $50 millones en efectivo aproximadamente. También se encontró infracciones a la ley 20.000, a la ley de drogas, a la ley de control de armas y el ingreso de teléfonos celulares de forma irregular al recinto.

¿Cómo operaba esta red carcelaria?

Según dijo Pastén, funcionaba mediante la colusión entre funcionarios de gendamería y particulares para hacer ingreso a través de distintos mecanismos.

Uno de ellos era a través del sector encomiendas, donde personas apostadas afuera del establecimiento penitenciario denominados entre ellos mismos como manilleros o manillas, permitían que personas civiles que, como "visitas" de los reos, se enrolaban para circular de manera irregular y totalmente ilegal con comiendas totalmente indebidas para el traspaso y comercialización de droga y teléfonos celulares.

Uno de estos "manilleros" se habría enrolado para visitar a al menos 200 reos del penal Santiago 1.

En montos de dinero, se le pagaban $80 mil pesos por hacer ingreso de un combo de comida rápida$200 mil pesos por el ingreso de un teléfono celular; y $100 mil pesos por un hervidor.


 

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