El allanamiento del OS-7 de Carabineros en horas de la noche de ayer martes en la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, además de las oficinas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, tiene prácticamente en estado de shock al mundo del derecho penal.
La diligencia reveló la magnitud de la causa en que se investigan los delitos de sobornos, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, por la cual se indaga a Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Vargas y Lagos, por presuntos pagos ilegales recibidos desde el consorcio bielorruso, Belaz Movitec.
Lo que se indaga es corrupción por el supuesto soborno a Vivanco -a través de Lagos, Vargas y Migueles- para fallar a favor de los intereses privados bielorusos en un litigio judicial con Codelco ¿El monto? $45 millones, aproximadamente, para concretar el negocio impropio.
Sin embargo, el caso sigue sumando antecedentes, dado que el OS-7 reportó a la Fiscalía el hallazgo de cerca de $14 millones en efectivo, contenido en cajas fuertes y bolsas de cartón, en los domicilios y oficinas allanadas. Gran parte del dinero estaba en la oficina de los juristas Vargas y Lagos, en la comuna de Las Condes. Además, en el operativo se encontraron cerca de US$ 7 mil en efectivo, también contenidos en sobres y bolsas.
El caso está a la espera de una formalización, sin embargo, no sería todo. El Ministerio Público también indaga con especial atención a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, quienes ya declararon por su presunta participación en esta causa asociada a delitos de corrupción.
