La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía acudieron este martes al Ministerio de Salud (Minsal) para recopilar información en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades de algunas autoridades del gobierno sobre la muerte de personas a causa del COVID-19.
Sin embargo, esta información fue denegada, según contó el propio abogado Eduardo Riquelme, quien representa a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. La acción legal, en tanto, es también contra el Presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich.
“Nosotros creemos que la ley contempla esta posibilidad la de oponerse en el caso específico que exista información sensible. Es un procedimiento que la ley establece, no hay nada extraordinario”, expresó Riquelme.
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De todos modos, desde la Fiscalía pueden recurrir a la Corte Suprema para que este órgano obligue, en caso de que lo considere necesario, la entrega de la información al Ministerio Público.
“Se hizo de buena manera sin ánimo de obstruir sino más bien de asegurar el cumplimiento de ciertos deberes de reserva de información sensible que existe en el Minsal y, por lo tanto, corresponderá al fiscal Armendáriz si es que va a insistir ante la Corte Suprema y, en ese caso, haremos ver al máximo tribunal los argumentos respectivos”, dijo el abogado.
Sobre este mismo tema se refirió mas temprano el propio jefe de Estado, quien señaló que "el Gobierno respeta la autonomía de otras instituciones, partiendo por los otros poderes del Estado y también la autonomía y la independencia de la Fiscalía".
"Nuestro Gobierno siempre colabora con las investigaciones de la Fiscalía y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar y, como lo mencionó el ministro de Salud, siempre protegiendo la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas", afirmó Piñera.
Desde el gobierno habían pedido que se cambiara al fiscal Marcelo Carrasco, quien está en la investigación y ordenó el allanamiento al Ministerio de Salud, sin embargo, esta solicitud fue denegada por el fiscal nacional Jorge Abbott, quien argumentó que el proceso ha estado “apegado a la legalidad”.
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La causa comenzó con una denuncia presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien se querelló en contra del Presidente Piñera, el ex ministro Jaime Mañalich, la subsecretaria Paula Daza y el subsecretario Arturo Zúñiga por haber cometido acciones “evidentemente erradas y retardadas” para evitar la muerte de 62 personas en Recoleta.