El Gobierno ingresó a Contraloría el nuevo reglamento de la Ley Uber, que permitirá aplicar la normativa que regula a las aplicaciones de transporte en Chile.
La propuesta incorpora una serie de cambios que buscan flexibilizar requisitos para operar y abrir nuevas opciones, incluyendo también novedades para los taxis colectivos.
Qué cambia para Uber, Cabify, DiDi y otras apps
Entre las principales modificaciones anunciadas destacan nuevas condiciones para facilitar el trabajo de conductores.
Principales cambios:
- Aumento de años de antigüedad permitidos para vehículos
- Eliminación de exigencias de cilindrada y potencia del motor
- Trámites y documentos menos engorroso
- Mayor facilidad para reemplazo de conductores registrados
Esto busca ampliar la oferta de autos disponibles y reducir barreras de entrada.
"Estas flexibilidades regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad de servicio por una parte, y mejorar el empleo para que complementen su renta. O puedan acceder a un ingreso porque no tienen trabajo... creo que ayuda a la política del Gobierno de impulsar la economía", reflexionó el Ministro de Transporte, Louis de Grange.
Ley Uber: Cambio para taxis colectivos
Uno de los anuncios que más llamó la atención apunta a los taxis colectivos.
Según explicó el Ministerio de Transportes, se modificará el Decreto 212 para permitir vehículos de mayor capacidad.
"Una innovación que estamos incorporando al decreto 212 es el tamaño de los taxis colectivos, pudiendo transportar de cuatro a ocho pasajeros", detalló Louis de Grange.
"Valoramos que este ministerio haya mejorado el reglamento que impacta de manera negativa al ecosistema de las aplicaciones de transporte, el ingreso mensual de miles de familias chilenas y el servicio de nuestros usuarios", señalaron desde el gremio de aplicaciones de transporte.
Según estimaciones, existen más de 125 mil empleos formales vinculados al rubro de plataformas de transporte.
Aunque el reglamento ya fue ingresado por el Gobierno de José Antonio Kast, todavía debe pasar por el proceso correspondiente en Contraloría antes de entrar oficialmente en vigencia.
