El Gobierno confirmó ajustes a la Ley 21.553, conocida como “Ley Uber”, normativa tramitada durante la administración de Gabriel Boric, argumentando que su aplicación podría afectar a la industria de conductores de aplicaciones.
El anuncio fue realizado inicialmente por el ministro de Transportes, Louis de Grange, y posteriormente fue la propia cartera la que detalló los cambios a través de redes sociales, precisando el alcance de las modificaciones.
¿Qué establecía originalmente la Ley Uber?
La normativa contemplaba una serie de exigencias para conductores y vehículos que operan en plataformas de transporte.
Entre los principales requisitos, se incluía la obligatoriedad de contar con licencia profesional Clase A2, además de la inscripción en un Registro Nacional y la ausencia de antecedentes penales por delitos graves o de carácter sexual.
En el caso de los vehículos, se exigía una cilindrada mínima de 1.4 litros, una antigüedad máxima de 10 años y la realización de revisiones técnicas cada seis meses. También se establecía la obligación de contar con seguros para conductor y pasajeros.
Asimismo, cada automóvil debía portar un código QR visible en el parabrisas, permitiendo a los usuarios verificar la identidad del conductor y la vigencia de la documentación. El incumplimiento de estas normas podía derivar en multas de hasta 20 UTM, alrededor de $1.366.000 y la suspensión de la licencia de conducir.
Cambios a la Ley Uber
Si bien no toda la ley fue modificada, el Ministerio de Transportes informó que se introdujeron ajustes relevantes, especialmente en las condiciones para los vehículos y requisitos de los conductores.
Según lo comunicado, se eliminaron exigencias como la cilindrada y el año del vehículo, lo que, de acuerdo con la autoridad, permitirá que hasta un 85% de los conductores que antes no podían inscribirse ahora puedan hacerlo.
Desde la cartera de Transportes, señalaron que los cambios en la Ley Uber buscan garantizar cobertura en todo el país, evitando restricciones en determinadas zonas.
Esto responde a las declaraciones del ministro Louis de Grange, quien afirmó que la normativa original tenía restricciones de movilidad entre comunas vecinas, calificándolas como algo “bien absurdo”. Sin embargo, el exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, aclaró que “no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley —tal como ocurre con los taxis, sector al que se buscaba equiparar— regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella”. En ese sentido, no queda claro aún cuáles serán las nuevas reglas al respecto.
A pesar de estas diferencias, desde el Gobierno insistieron en que el aumento en la oferta de vehículos podría traducirse en tiempos de espera más cortos para los usuarios, ampliando la disponibilidad del servicio.
Otro de los puntos modificados corresponde a las condiciones para ser conductor. Según lo informado, el nuevo reglamento amplía los criterios de acceso, aunque no señalaron cuáles serían, pero sí destacaron que permitiría facilitar el ingreso de más personas al sistema.
